BALBARREY: “QUE LA JUSTICIA ACLARE LO QUE TENGA QUE ACLARAR”

La Justicia citó a declaración indagatoria a 16 funcionarios y ex funcionarios municipales y provinciales por el ruidoso escándalo de las denominadas “obras virtuales” de la ciudad de Santa Fe. Si bien no se dio a conocer la figura jurídica, el juez que lleva la instrucción de la causa, José Manuel García Porta, confirmó a Notife que existen “elementos suficientes para sospechar de la comisión de un eventual delito”.

En ese sentido, en declaraciones radiales el Intendente de la ciudad, Ing. Martín Balbarrey señaló que se ha puesto a disposición de la Justicia toda la información disponible como así también lo han hecho los mismos funcionarios.

“Hemos pedido celeridad en las actuaciones para que los trámites se hagan lo más rápido posible y que la Justicia aclare lo que haya que aclarar”, destacó el mandatario local.

En ese mismo sentido, Balbarrey al ser consultado sobre si cree que hubo irregularidades por parte de algunos funcionarios indicó que “no creo que sea un problema de irregularidades en la administración, creo que la justicia tiene el deber de aclarar todo lo que haya que aclarar, las obras que no estaban hechas he mandado a que se hagan, y de la obras que no estaban hechas los presupuestos correspondientes están depositados en una cuenta bancaria”.

De todos modos, el Intendente de Santa Fe aseguró que no descarta ninguna hipótesis sobre lo que realmente sucedió con las obras que nunca fueron finalizadas o siquiera iniciadas. “Yo no descarto nada, esa es tarea de la Justicia, por eso nos pusimos a disposición”, aseguró.

Por otra parte, el titular del ejecutivo municipal indicó que se están llevando a cabo las actuaciones administrativas municipales pero negó que tenga novedades para comentar.

Al explicar los pormenores del convenio firmado entre la Municipalidad de Santa Fe y la Presidencia de la Nación, Balbarrey dijo que “es un convenio que se firmó en el 2002 entre la anterior gestión municipal y la anterior gestión presidencial, del que participaron algunos funcionarios municipales de la gestión anterior y algunos actuales, y los fondos fueron depositados en una cuenta del Banco Nación”.

Los funcionarios y ex funcionarios provinciales son imputados por esta causa son Rodolfo Keller (Subsecretaría de Municipios), Roberto Meli (Subsecretaría de Comunas), Eduardo García (Departamento Máquinas Viales), María Cristina Pantorilla de Ascorti (Departamento de Estudios y Proyectos), Carlos Gómez Galissier (Secretaría de Obras Públicas), Claudio Tibaldo (Subsecretaría de Comunas) y Miguel Zanutti (Dirección General de Pavimentos Urbanos y Obras Comunales).

A ellos se suman los siguientes funcionarios y ex funcionarios municipales: Jorge Bounous (Subsecretaría de Obras Públicas), Juan Carlos Caffaratti (Subsecretaría de Delegaciones), Ricardo Ruiz (Dirección de Ingeniería), Juan José Maspons (Secretaría de Obras Públicas), Alfredo Pérez (Dirección de Vialidad), Luis Lombó (Dirección de Estudios y Proyectos), Delia Godoy (Subsecretaría de Promoción Comunitaria), Víctor Hugo Ramón Frutos (Dirección de Construcciones) y Marcelo Horacio Tuma (asesor del Poder Ejecutivo).

Según pudo saber este portal, los funcionarios imputados ya tienen fecha para su declaración indagatoria, que comenzará el próximo jueves 24 y acabará el 11 de septiembre. Además, se descuenta, según deslizaron fuentes confiables, que las implicaciones jurídicas y políticas de la causa no terminan acá.

En principio, las citaciones incluirían a funcionarios y ex funcionarios directamente ligados a las obras, es decir, aquellos que dieron su conformidad y estamparon sus firmas en los contratos.

En ese sentido, el fiscal que pidió las indagatorias, Héctor Millen, dijo en la tarde de ayer –en diálogo con LT10– que la citación a indagatorias alcanza, en esta primera etapa, a las personas que, se sospecha, están involucradas en forma directa en el caso.

“Son los que hicieron las certificaciones que llegaron a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y los que hicieron, o debían hacer, los controles”, explicó Millen. “Cuando se aprobó el plan de obras propuesto por la Municipalidad, la Secretaría de Obras Públicas de la Nación comenzó a cumplir con lo pactado, que era remitir el 25 por ciento de lo presupuestado (para comprar los materiales)”.

Pero lo que ocurrió fue otra cosa: la Municipalidad recibió el dinero y, más tarde, envió los certificados de las obras dando cuenta de que estaban concluidas. Lo que no era cierto, a todas luces. El plan, que se tendría que haber realizado íntegramente entre 2002 y 2005, constaba de 30 obras públicas de las denominadas “menores”: alcantarillas, entubados, asfalto, comedores escolares, entre otras.

Para esos trabajos, el gobierno nacional envió a la ciudad un total de 539.369 pesos. A fines del año pasado, el diario El Litoral publicó las primeras informaciones sobre las “obras virtuales” y, en enero de este año, el fiscal Millen intervino. Primero pidió a la Municipalidad el listado de las obras –concluidas, en ejecución y por ejecutar–; el municipio respondió ese pedido y entonces el fiscal pidió los mismos informes a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

“En base a eso”, siguió el fiscal, “me vi en la obligación de decirle al juez (García Porta) que las obras no estaban hechas y que estábamos ante la posible comisión de un ilícito”. Luego, Millen dijo que uno de los puntos centrales a averiguar en las indagatorias es el mecanismo utilizado para dar por finalizada una obra que ni siquiera había sido empezada o que estaba aún en plena ejecución.

Más adelante, el fiscal dijo que las citaciones no son “una caza de brujas” sino que responden a un hecho “que es vox populi”. “Analizamos algo que la misma gente estaba preguntando; nosotros vamos a preguntarle a los responsables, que van a poder ejercer su derecho constitucional de defenderse y dar explicaciones”, explicó Millen.

Por su parte, el juez García Porta –quien mantuvo un breve contacto con Notife– adelantó que la intención es avanzar primero en las indagatorias de las personas directamente implicadas y luego hacer lo propio con los funcionarios de mayor rango, de la actual gestión y de la anterior.