BENEFICIARIAS DE PLANES DENUNCIAN ACOSO SEXUAL EN UN REGIMIENTO

La fiscal federal de La Pampa, Marta Odasso, inició una investigación de oficio por denuncias de presunto acoso sexual y humillaciones por parte de militares a mujeres beneficiarias de planes de empleo que prestan servicio en el Comando de la Décima Brigada Mecanizada en la ciudad de Santa Rosa.

Así lo informaron ayer fuentes judiciales, al señalar que Odasso se hizo eco de las denuncias de al menos dos beneficiarias del plan “Entre Nosotros”, que trabajan en las instalaciones del regimiento perteneciente al IV Cuerpo de Ejército, con cabecera en Santa Rosa, la capital provincial.

Según consta en el expediente, las dos mujeres se quejaron de los “maltratos” y “humillaciones” que sufren en la dependencia militar.

CUIDAR HIJOS DE OFICIALES

Ese trato desconsiderado incluiría desde limpiar pisos con ladrillos, cuidar a los hijos de los oficiales, pintar y despintar paredes, hasta supuestos acosos sexuales de parte de los militares.

Por otra parte, se informó que paralelamente a la investigación de la Justicia, el subsecretario de Políticas Sociales del gobierno de La Pampa, Sergio Ziliotto, se comprometió a reubicar a las mujeres en otros lugares de trabajo.

Asimismo, se indicó que en el ámbito gubernamental se estudiaba también la posibilidad de iniciar otro oficio investigativo.

Ziliotto, responsable de los planes de empleo, aseguró que los beneficiarios de los planes pampeanos pueden realizar tareas tanto en dependencias provinciales como nacionales.

El funcionario también adelantó que más allá de estos casos se estudiará la situación de más de 30 empleadas que trabajan en el Ejército. La decisión de la Justicia federal y del gobierno pampeano también fue avalada por los diputados provinciales.

En ese marco, la legisladora justicialista Mara Schattenhoffer presentó en el parlamento un proyecto de resolución para reclamar al Ejecutivo provincial su intervención directa en el caso.

En tanto, el segundo comandante de la Décima Brigada, coronel Raúl Cabrinac, aseguró que no cuenta en su poder con elementos para encarar una investigación interna porque “aún no se revela la identidad de las personas afectadas, ni la de los supuestos acosadores”.

Una de las primeras denunciantes del caso ratificó anteayer en la fiscalía y ante funcionarios del gobierno su denuncia y, según fuentes gubernamentales, se le dieron garantías de que continuará cobrando el plan de empleo y que podría pasarse a otro programa interno para no retornar a la base militar.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, admitió ante la prensa local haberse sentido “degradada, dolida y discriminada”, por lo que se animó a “hablar” y a presentar la denuncia.

Fuentes judiciales señalaron que la investigación de oficio que inició la fiscal será girada en breve a la Justicia federal para que se decida si se sigue con la pesquisa. En el Comando del Ejército prestan servicios unas 67 beneficiarias de planes de empleo, en tareas administrativas o de limpieza.