BERLI DESPLAZÓ A DOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli, descabezó ayer la Dirección General de Registro de Licitadores de Obras Públicas ante la sospecha de adulteración –por parte de funcionarios públicos– de la documentación presentada en la repartición por al menos dos empresas constructoras que actúan como proveedoras del Estado.

Según informó el diario “El Ciudadano”, el funcionario también hizo la denuncia penal por la posible comisión de hechos delictivos e inició el sumario administrativo correspondiente.

Los dos principales responsables del área, el director y el subdirector, fueron trasladados por el término de tres meses a otra dependencia mientras se aclara el tema.

El 21 de mayo, el ministro Berli ordenó comenzar un sumario administrativo con vistas a deslindar las responsabilidades como consecuencia de las irregularidades detectadas por la Dirección provincial de Auditoría y Control de Gestión. Los expediente cuestionados pertenecen a las firmas Indag Constructora y Dante Enrietto.

Los funcionarios trasladados son el ingeniero Roberto Cristian Silvestrini y el contador Aldo Roberto Landoni, director general y subdirector respectivamente, a quienes no sólo se los envió a otra repartición sino que dejarán de cobrar el plus por subrogancia del cargo.

El área de auditoría detectó que existe una adulteración tan grosera de la documentación, elevada como prueba a la Fiscalía del Estado, que para el caso de la empresa constructora Dante Enrietto un sellado realizado en junio de 2002 figura con fecha 29 de junio de 1999. Otro ejemplo, correspondiente a la firma Indag Constructora, muestra que la firma tiene en la carpeta de contratista del Estado un sellado adulterado del Nuevo Banco de Santa Fe con fecha 27 de junio de 2002, mientras que la gestión se inició el 13 de diciembre de 2002, es decir seis meses antes.

En estricto “off the record”, un informante confesó que “existen muchas carpetas” de empresas donde se repiten estas irregularidades. Se presume que los funcionarios trasladados actuaban como gestores de las empresas contratistas a quienes les cobrarían por hacer las tramitaciones, incluido el pago de los sellados que tampoco se habrían realizado.

La maniobra consistiría en utilizar timbres usados y pegarlos en los nuevos expedientes. Aunque el monto de la operación es reducido, desde 12 hasta 60 pesos por sellado, la cantidad de empresas que efectúan diligencias ante la oficina cuestionada podrían suponer la existencia de montos más importantes.

Pero el otro enigma por resolver es si es cierto, como apuntó a este diario un alto funcionario, que en el registro se cobraban honorarios por confeccionarle las carpetas de presentación a los proveedores, con lo cual resulta llamativo que el presunto dolo contra el Estado implique cifras tan reducidas.