BOGGIANO BUSCA RESPALDOS EN EL SENADO
El juicio político al juez de la Corte Suprema de Justicia Antonio Boggiano se está poblando de “fantasmas” que se suman a las versiones que indican que el gobierno de Néstor Kirchner todavía no decidió bajarle el pulgar al magistrado que la Cámara de Diputados acusó ante el Senado por mal desempeño de sus funciones.
A la ya de por sí sugerente sensible lentitud que la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz), le está imprimiendo a la instrumentación del proceso, en la última semana se han agregado nuevos hechos que muestran a las claras que el juicio no pasa inadvertido, a pesar de la poca actividad pública.
Un miembro de la mesa de conducción del bloque justicialista le dijo a LA NACION que “algunos obispos” se han comunicado en los últimos días con “varios senadores” para interiorizarse sobre la situación de Boggiano y pedir “clemencia” de cara al fallo que deberá adoptar la Cámara alta.
La información fue confirmada por otro senador justicialista, que en diálogo con este diario confesó que habló “con altos prelados” sobre el caso del juez acusado de pertenecer a la “mayoría automática menemista”.
El legislador se negó a decir con quiénes había hablado y precisó que la conversación había sido por su propia iniciativa. “Tengo buena relación con algunos obispos”, se justificó.
Boggiano es un reconocido militante católico, razón por la cual a nadie sorprendió en el Senado que la Iglesia se hubiera preocupado por su suerte. Tanto es así que en la Cámara alta todos dan por descontado -aunque ella no lo hizo público para no ser recusada-, que la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis) y confesa miembro del Opus Dei votará en contra de la destitución del juez.
Otra versión que circuló con fuerza en la semana que finalizó sostiene que Boggiano ha establecido contacto con algunos gobernadores provinciales para darles su punto de vista sobre las acusaciones que le imputa la Cámara de Diputados y que podrían finalizar con su destitución, como ya ocurrió con Eduardo Moliné O´Connor en diciembre de 2003.
Esta información virtualmente se le escapó a un importante miembro de la conducción del bloque peronista, quien no pudo disimular su sorpresa cuando se dio cuenta de que los periodistas se estaban enterando por su boca del hecho.
Según confirmaron dos senadores oficialistas a LA NACION, sus mandatarios provinciales fueron contactados por el magistrado.
Todos coincidieron en que Boggiano trató de diferenciar su voto del que firmó Moliné en el fallo por la causa Meller. Lo hizo con el argumento de que él sólo se expidió sobre si la Corte Suprema podía o no revisar una resolución de un tribunal arbitral -lo hizo en forma negativa-, mientras que su ex colega había ido más allá opinando a favor del reclamo de la empresa de una compensación de 400 millones de pesos por la impresión de guías telefónicas.
En ese sentido, las fuentes consultadas precisaron que el juez remitió a los mandatarios provinciales una copia del expediente para que pudieran comparar ambos votos.
Todos estos episodios se suman a la extraña lentitud de la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar en el proceso, cosa que no ocurrió cuando se procesó a Moliné.
Al respecto, un senador de extracción kirchnerista negó que hubiera una decisión de no avanzar; manifestó que “los momentos son diferentes: el de Moliné fue el primer juicio y era un leading case [caso testigo], por eso se le imprimió otra velocidad”.
Empero, el martes último la senadora Kirchner suspendió la reunión de Asuntos Constitucionales sin mayores explicaciones, lo cual postergó hasta esta semana la decisión de poner fecha a la acusación que los diputados deben formalizar ante el Senado, un paso fundamental para que comiencen a correr los plazos reglamentarios del proceso.
Ante la dilación, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que preside Ricardo Falú (PJ-Tucumán) remitiría en las próximas horas una nota al Senado para que “actúe con prontitud”.
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