BOGGIANO, CADA VEZ MÁS CERCA DEL JUICIO

Casi por unanimidad, sólo falta la firma del justicialista tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, la comisión de Juicio Político de Diputados emitió ayer el dictamen de acusación contra el ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano —14 cargos por tres causas—, en lo que parece ser un desafío al gobierno de Néstor Kirchner.

Aunque no hubo ninguna señal oficial, sí circularon fuertes trascendidos sobre el interés del Ejecutivo en frenar el camino hacia la eventual destitución de Boggiano, el único sobreviviente de la “mayoría automática” promenemista de la Corte. Ya fue destituido Eduardo Moliné O’Connor y renunciaron Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y el luego fallecido Guillermo López.

El jefe del bloque justicialista de Diputados, José María Díaz Bancalari, siempre negó las presuntas presiones del Gobierno para impedir el juicio político a Boggiano. En cambio, su par de la Cámara de Senadores, Miguel Angel Pichetto, pareció confirmar las versiones al asegurar que el proceso de renovación de la Corte ya estaba cumplido con la renuncia de Adolfo Vázquez.

Esa declaración le valió a Pichetto una cuestión de privilegio aprobada por Diputados, por asumir funciones que corresponden a esta Cámara —las de decidir la acusación de un juez de la Corte—, y por incurrir en prejuzgamiento, lo que lo obligaría a abstenerse del juicio político si es que la acusación es aprobada en Diputados y pasa al Senado, que debe actuar como tribunal.

Todo indica que en Diputados una enorme mayoría de la Cámara, incluido el bloque del PJ, está a favor de aprobar la acusación cuando se debata en el recinto.

Queda por ver si el Gobierno hace algún esfuerzo por evitar que el tema llegue al recinto, que ya está en condiciones de tratarlo porque en la sesión del miércoles se aprobó una preferencia que habilita el debate. Entre los diputados de la comisión que firmaron el dictamen figuran varios del riñón kirchnerista.

La eventual responsabilidad de intentar neutralizar el trámite quedaría en manos de Díaz Bancalari. Aunque voceros del bloque afirman que “no está dispuesto a levantar un dedo en contra de la mayoría”.

En todo caso, la decisión del presidente de la comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, de apurar el dictamen, implica una presión para que el Gobierno, si es su interés, asuma un gesto explícito para defender a Boggiano.

Los motivos de los 14 cargos que plantea el dictamen acusatorio contra Boggiano “por mal desempeño”, se relacionan con los fallos de la Corte sobre los casos Meller —el que decidió la destitución de Moliné O’Connor—, Macri y Dragonetti de Román. En los tres Boggiano fue cofirmante.

El aspecto más novedoso de la acusación reside en los cargos del caso Meller por la contradicción en la que habría incurrido Boggiano. Primero habría estimado que correspondía revisar la supuesta deuda del Estado con esa empresa —por hoy 400 millones de pesos—, por la confecciones de guías telefónicas para la ex Entel. Pero luego la legalizó.

En el caso Macri, se cuestiona la decisión de la Corte, definida por la “mayoría automática”, por la que no se hizo lugar a un recurso de amparo contra el fallo judicial que absolvió a la empresa Sevel, del grupo Macri, en una causa fusionada por evasión impositiva y contrabando de autos.

La última causa surge de la decisión de la Corte de sancionar a la jueza Haydée Dragonetti de Román, por haber avalado un paro de personal judicial. Para la comisión, las sanciones a magistrado son facultad exclusiva del Consejo de la Magistratura.