BOLIVIA BUSCA UN ACUERDO FLEXIBLE CON EL FMI

Se busca llegar a un acuerdo flexible de tres años.

El gobierno informó que la misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por los economistas Mario Piñón y Eliot Carter, además del trabajo que comenzó con el gabinete económico, se reunirá con el presidente Carlos Mesa, que sucedió a Gonzalo Sánchez de Lozada.

El presidente del Banco Central de Bolivia, Juan Antonio Morales, adelantó la propuesta nacional: “Vamos a insistir en un programa de tres años en lugar del acuerdo de soporte ´stand by´ (temporal, a la espera de un convenio de largo plazo)”, dijo.

El ministro de Hacienda, Javier Cuevas, informó que Bolivia finalmente cumplirá ese acuerdo firmado en abril, por el que se compromete a no permitir un déficit fiscal mayor al 7% para 2003.

Pero dijo que Bolivia requiere comprensión y flexibilidad para no tener que enfrentar más metas rígidas ante la grave crisis nacional, que hace incierto el comportamiento de la economía.

Cuestionamiento al FMI

Las acusaciones contra el FMI rondan en el ambiente político.

A la convergencia de criterios de que las políticas implantadas por el organismo desde los 80, no han hecho más que generar mayor pobreza, se ha sumado la opinión generalizada de que actuó con indiferencia ante la grave crisis económica boliviana que derivó en las violentas revueltas de febrero y septiembre-octubre.

El portavoz del FMI en Washington, Thomas Dawson, dijo el jueves último que la institución había aprendido de la crisis boliviana.

“Aprendemos de las experiencias que encaramos en cada país”, afirmó.

Sánchez de Lozada se quejó repetidamente por la “indolencia” e “indiferencia” de los funcionarios del FMI en las negociaciones con Bolivia.

“Llegaban, y si algo no les gustaba decían que se iban y que nos volveríamos a ver en algún lugar del mundo en dos meses”, confesó previó a su derrocamiento.

“Empezamos a negociar con ellos en cuanto volví a la presidencia (agosto de 2002) para atender el presupuesto de 2003, pero ellos recién nos prestaron atención en febrero de 2003, después de tantas muertes”, dijo.

En febrero murieron 31 personas, producto de un motín policial y de protestas contra la aplicación de un impuesto a los salarios que debía servir para el cierre del déficit fiscal que exigía el FMI.

En septiembre-octubre, cuando murieron 76 personas según informes oficiales, los líderes de las protestas, entre otros reclamos, exigieron la ruptura con el FMI y aún demandan la abolición de la “nueva política económica” que Bolivia aplicó desde los 80 con recetas del organismo.

Ellas se concretaron básicamente en el intento de cerrar el déficit fiscal y la inflación, en la privatización de las empresas públicas y en la apertura de mercados para la producción extranjera.

El acuerdo de abril canalizó créditos mediante el FMI por US$ 123 millones para Bolivia, de los cuales han sido ya girados US$ 92 millones. Pero la economía boliviana, desde 1998, ha sufrido una merma de US$ 1000 millones anuales.