BOLIVIA: EL GOBIERNO DICE QUE NO REPRIMIRÁ LAS PROTESTAS SOCIALES

Guardapolvo blanco, pulóver azul, el pelo negro y suelto casi hasta la cintura, Carla Condorí, de 12 años, no pudo quedarse jugando con sus compañeras en el Liceo La Paz. Su papá, Serafín, decidió que era mejor volver a casa. Los maestros dejaron un mensaje en un pizarrón en la puerta: “En protesta contra las declaraciones desatinadas del señor ministro de Educación contra la dignidad del maestro, se suspenden las actividades educativas”.

Una postal de la huelga de maestros que ayer cumplió su segunda y última jornada, con adhesión dispar pero suficiente para generar malestar en el gobierno, que enfrenta protestas de distintos sectores. Aunque el transporte volvió a funcionar tras un acuerdo que logró evitar un segundo día de paralización total en La Paz, el presidente Evo Morales y sus ministros están atentos a este clima de agitación.

Otro claro ejemplo de ello ocurrió ayer en La Asunta, al norte de La Paz, cuando los cocaleros —un sector que responde a Morales— expulsaron a una brigada de erradicadores que había enviado el gobierno y rechazaron reducir sus cultivos. “La gente no acepta la reducción”, dijo el viceministro del área, Félix Barra, quien además fue retenido por los campesinos antes de llegar a un acuerdo para discutir el tema en los próximos días.

Además de los maestros, que exigen la renuncia del ministro de Educación, Félix Patzi, y rechazan una nueva ley educativa que —afirman— les quita derechos sociales, también pararon los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, contra la reestructuración de la entidad.

Hay más: el departamento de Tarija, en el sur, concluyó un paro cívico de 24 horas en solidaridad con los comerciantes informales de la frontera con la Argentina (donde el lunes a la noche se cerró por 12 horas el gasoducto que lleva gas desde Bolivia al norte argentino). El suministro se restableció el martes.

También Chuquisaca, en el sudoeste, realizó un paro cívico en protesta por la “desatención” del gobierno a necesidades locales. Hubo amenazas de cortar el gas a Brasil y Argentina. El gobierno advirtió que, si es necesario, enviará a la policía y al ejército para evitarlo, aunque por ahora su estrategia es “dialogar”.

Estos reclamos coinciden con una embestida de la oposición por cómo se está llevando adelante la nacionalización del gas y por el reglamento que quiere imponer el oficialismo en la Asamblea Constituyente, que empezó a sesionar hace casi un mes.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar momentos de convulsión social”, dijo a Clarín el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, al frente del diálogo con los grupos en huelga. “Son pequeños focos de conflicto que el gobierno está encarando con diálogo. Hemos pasado a un segundo o tercer plano el uso represivo de la fuerza pública”, aseguró.

“Hay conflictos que el Estado no ha podido resolver, porque hay en el país una gran deuda social atrasada. Respondemos a todas las reivindicaciones dentro de las posibilidades del Tesoro nacional, pero no es posible atenderlo todo”, admitió luego.

Pero remarcó que “hay además factores políticos de desestabilización. Sabíamos que tras la instalación de la Asamblea Constituyente, algunos grupos, al ver amenazada su situación de privilegio, iban a reaccionar”.

En este clima, empezaron a aparecer fisuras dentro del gobierno. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, debió salir a ratificar la política de negociar con Chile “gas por mar”, luego de que el martes el canciller, David Choquehuanca, deslizó la posibilidad de vender gas a Santiago independientemente de la demanda boliviana de una salida al Pacífico.

“Nuestro gobierno mantiene lo logrado en el referendo de 2004”, cuando un 87% de los bolivianos aprobó la estrategia de “gas por mar”, declaró Quintana a la prensa. Intentó así evitar otro frente de conflicto en el seno mismo del poder. Es que las palabras de Choquehuanca causaron una dura reacción de los movimientos sociales que encabezaron en 2003 la revuelta que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por su intención de exportar gas a través de Chile.