BOLIVIA: LINCHAN Y QUEMAN A UN ALCALDE ACUSADO DE CORRUPCIÓN

La furia invadió ayer el poblado aymara de Ayo Ayo, en los Andes de Bolivia. Los habitantes, hartos de los supuestos actos de corrupción del alcalde, lo secuestraron, lo golpearon con palos y piedras, lo ataron a un poste de electricidad y terminaron quemándolo. El clima de tensión era similar al que se vivió a fines de abril en el pueblo peruano de Ilave, donde otro alcalde fue linchado por los vecinos.

El cuerpo de Benjamín Altamirano, de 45 años, apareció ayer a media mañana en la plaza central de Ayo Ayo, un pueblo ubicado 87 kilómetros al sur de La Paz y cerca de la frontera con Perú. La escena era siniestra: el cadáver, amarrado a un poste, estaba carbonizado, según informaron fuentes policiales y los familiares del funcionario.

El caso se parece bastante a otras rebeliones de los últimos meses en Latinoamérica, de indígenas que han sido históricamente postergados. Bolivia, justamente, con una población de ascendencia indígena cercana al 80%, es el país más pobre de América del Sur.

Con todo, las autoridades sospechan que este asesinato pudo tener motivaciones políticas y apuntan a concejales opositores.

La bronca estalló el lunes a la noche, luego de que Altamirano, también de origen aymara, fuera exculpado por la Corte Superior de La Paz de acusaciones sobre actos de malversación de fondos durante su gestión. Un grupo de personas lo interceptó en una calle céntrica de la capital y lo introdujo en un auto que partió con rumbo desconocido, según testigos. Más tarde, en Ayo Ayo, una turba enardecida lo golpeó, lo ató y le prendió fuego, confirmó el prefecto del departamento de La Paz, Nicolás Quenta. Según otras versiones, el alcalde fue secuestrado y torturado en su casa, que también habría sido incendiada.

Los habitantes de Ayo Ayo, en su mayoría indígenas aymara, exigían desde hace varios meses la dimisión del alcalde, al que acusaban de presunto desvío de fondos del municipio. Pero la furia no se calmó con su muerte. El pueblo, que no está lejos del peruano Ilave, vivió ayer una jornada de violencia incontenible.

Los policías que recuperaron el cuerpo calcinado de Altamirano y los dos fiscales que los acompañaban debieron escapar, junto con varios periodistas, debido a los insultos y amenazas de los campesinos del lugar. Según las imágenes difundidas por el canal estatal, los furiosos pobladores prohibieron a los periodistas que los enfocaran directamente y les lanzaron piedras.

Un camarógrafo de Canal 7 recibió una pedrada en la cabeza y debió ser llevado de emergencia a un hospital, mientras sus compañeros y autoridades se escaparon corriendo, contó a EFE el periodista Horacio Martínez.

“No querían que se los filmara. Hubo un forcejeo con algunos. Lanzaron piedras con hondas y tuvimos que salir corriendo”, relató Martínez.

Otra periodista, Judith Prada, del canal PAT, declaró que tres reporteros fueron retenidos por un grupo de pobladores pero, tras insultarlos, fueron liberados diez minutos después y salieron junto con la policía.

Altamirano, militante del partido de los populistas de derecha Nueva Fuerza Republicana, había sido acusado de “corrupción y mal manejo de fondos municipales” por concejales de Ayo Ayo, quienes exigían su renuncia. Pero un juez de La Paz lo declaró inocente.

El subdirector de la policía técnica judicial, coronel Jorge Ayala, informó que fue arrestado bajo sospecha el presidente del Concejo Municipal, Saturnino Apaza.

La radio boliviana Panamericana citó a algunos miembros del Concejo Municipal, que declararon que Altamirano fue víctima de la “justicia comunitaria”,. Según la radio, un grupo de campesinos, aparentemente instigados por los concejales disconformes, habría llevado a cabo el secuestro y asesinato.

El ataque ocurrió en el marco de una creciente agitación social en Bolivia, que desde hace más de un mes es escenario de un sinnúmero de manifestaciones por reivindicaciones laborales. Las protestas tienen un explícito trasfondo político en la oposición al referéndum del 18 de julio, convocado por el presidente Carlos Mesa, sobre la suerte de los recursos gasíferos del país.

Desde hace varias semanas una cantidad de rutas están cortadas por manifestantes en zonas del altiplano andino y en las fronteras con la Argentina, Paraguay y Perú, en protestas de campesinos que plantean demandas regionales y exigen la nacionalización de los hidrocarburos.