BOLIVIA: MANIFESTANTES CHOCARON CON LA POLICÍA
En un clima de tensión social que va en aumento desde hace dos semanas, La Paz se encontraba ayer aislada del resto de Bolivia a causa de violentas manifestaciones protagonizadas principalmente por campesinos, que se enfrentaron con la policía.
Miles de manifestantes acentuaron ayer la ocupación de la capital boliviana con el fin de presionar al gobierno del presidente Carlos Mesa y al Congreso para que los hidrocarburos sean nacionalizados, en medio de un ambiente político enrarecido por las versiones de supuestos intentos de desestabilizar al Ejecutivo.
Al grito de “guerra civil”, unos 10.000 manifestantes lanzaron piedras y cartuchos de dinamita de bajo poder, encendidas por mineros que participaron en las protestas. Los campesinos fueron repelidos por la policía cuando intentaban ingresar en la céntrica plaza Murillo, donde se encuentran el palacio presidencial y el Parlamento.
Los enfrentamientos se extendieron a todas las calles céntricas y los manifestantes, que gritaban consignas en contra del presidente, apedrearon vehículos de transporte público y particulares, según la policía.
Además de campesinos, participaron de las protestas mineros, maestros, vendedores callejeros de El Alto y estudiantes de la universidad pública de esa ciudad vecina a La Paz. Algunos manifestantes llegaron a marchar incluso por la exclusiva zona sur de la ciudad.
Los miles de manifestantes también cortaron las principales vías de acceso a la sede de gobierno. La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) y la Central Obrera Regional (COR) de esa ciudad obrero-campesina, 12 kilómetros al oeste de La Paz, cortaron la autopista que comunica ambas urbes y todas las rutas que vinculan la sede del gobierno con las otras capitales. También bloquearon varias vías internas y la carretera que conecta La Paz con los departamentos de Oruro y Cochabamba.
En tanto, los pobladores de la ciudad de El Alto cumplieron su segundo día de paro en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos.
La tensión social y política se elevó en Bolivia en las últimas semanas debido al debate sobre una ley de hidrocarburos que fue aprobada por el Congreso la semana última y que enfrentó al gobierno y las petroleras, por un lado, con los sectores sociales, que piden la nacionalización de los recursos naturales.
Ejecutivos de las empresas petroleras, que califican la nueva ley de “confiscatoria”, comenzaron ya a reunirse con directivos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB), quienes plantearon la obligación que tienen de cambiar sus contratos de acuerdo con la nueva ley de hidrocarburos. El presidente de YPFB, Carlos D´Arlach, dijo que los representantes de las firmas extranjeras mostraron “una actitud cautelosa” frente al pedido del gobierno.
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