BONDESÍO PRESIONA PARA QUE PAMI FIRME CONTRATO

El ministro de Salud de la provincia, Fernando Bondesío, presiona a las autoridades locales del PAMI para que se firme un convenio de derivación de pacientes a los efectores públicos, con un costo de un millón cien mil pesos mensuales para la obra social de los jubilados. El convenio marco redactado por la provincia generó críticas de la entonces gerenta de
Jefa del Departamento de Establecimientos Hospitalarios Propios, Silvia Comba, porque establece una nueva estructura de gerenciamiento sin garantías de calidad prestacional. Los cuestionamientos tuvieron una respuesta casi inmediata: el viernes pasado llegó la designación de Jorge Pedro Zaninovic, cuyo antecedente más inmediato es haber sido el presidente comunal de Sanford durante los últimos doce años, en el mismo lugar que ocupaba Comba.

No fue el único desplazamiento que llegó el viernes desde Buenos Aires y que cayó como un balde de agua fría en los sectores del Pami Rosario alineados con la intervención. Una multitudinaria asamblea de empleados del policlínico Pami 2 respaldó a la directora, Mercedes Fontana. En su lugar, la intervención central designó al médico rosarino Oscar Alfredo Bedini. Otro de los nombrados es Sergio Dussex Ciribé, a cargo de Pami 1, quien fue delegado de la región VII del ministerio de Salud durante la actual gestión.

Por otro lado, el interventor de Pami Rosario, Martín Mansilla, quiere sostener a Comba en otro cargo, pero de acuerdo con las designaciones llegadas desde Buenos Aires, quedaría sin las facultades ejecutivas de su función actual.

Los señalamientos al contrato impulsado por Bondesío indicaban también que el ministerio de Salud de la provincia no garantiza hoy la asistencia a la población a su cargo, y recordaba que una auditoría del subinterventor del Pami, José Granero, dictaminó que los efectores ofrecidos por el ministerio no cumplen las condiciones requeridas por la obra social de los jubilados.

Las críticas fueron también hacia la deficiente atención brindada por la provincia a los beneficiarios de otros programas de la Nación, como el Profe. El convenio impulsado por Bondesío incluye, en su artículo 4º, que “las partes en forma conjunta evaluarán la conveniencia frente a la necesidad de atender adecuadamente determinadas prácticas e intervenciones, de darle intervención al sector privado para lo cual el Instituto asegurará el respectivo financiamiento”. En este aspecto, se señaló que la provincia no puede derivar sus pacientes al sector privado, por las abultadas deudas que mantiene con los prestadores.

La creación de una unidad de gestión con responsables del Instituto y el Ministerio fue leído como una nueva forma de gerenciamiento, cuando la intención declarada de la intervención nacional es terminar con estas estructuras intermedias que aumentan los costos sin mejorar las prestaciones.

Además de cuestionar el convenio marco con la provincia, Comba sugirió una nueva contratación para las prestaciones que no están cubiertas por los policlínicos propios para los 88.000 afiliados atendidos por Pami 1 y 2. Hasta ahora, se gastaban 391.000 pesos mensuales, y 85.000 pesos más, por excedentes de cápita. Si bien el nuevo contrato será suscripto por el nivel central de Pami, Comba detalló las prestaciones que debía garantizar el nuevo prestador ‑y que hoy no se prestaban‑ con un precio máximo de 340.000 pesos mensuales. Como se trata de contratos capitados, esto significa 4 pesos per cápita.

La gestión de Comba apuntó también a cambiar la actual estructura en los dos policlínicos, donde la distribución de poder de los gremios ‑en especial UTI y ATE‑PAMI‑ creaba una conducción paralela más allá de las intervenciones. La intención de Comba ‑elevada a las autoridades locales‑ fue volver a sus lugares originales a personas que habían obtenido sus cargos por concurso, o de probada idoneidad en sus puestos, y que fueron relegados por el anterior forma de funcionamiento del PAMI Rosario, un capítulo aparte en la auditoría que definió la intervención nacional. Los precios de las prestaciones están sobrevaluados, y el propio interventor del PAMI nacional, Juan González Gaviola, consideró que la obra social de Rosario estaba manejada por una estructura mafiosa y reconoció que es “el lugar que peor huele” de toda la estructura de la obra social.

Justamente, la figura de Comba ‑una médica de amplia trayectoria en la salud pública‑ era intragable para los gremios, por su intención de cambiar el organigrama de los policlínicos, la base de poder de los gremios. Volver a la gente a sus lugares originales fue una de las consignas, tanto para los que ascendieron por sus relaciones políticas, como para los que fueron marginados por no tenerlas.

Comba no rehuyó criticar el desembarco de los tres nuevos funcionarios como una señal preocupante, y reiteró que “la clave para recuperar el Pami es la transparencia de su gestión, ponerla a la consideración pública para que los ciudadanos puedan apropiarse de la obra social”.