Bonfatti: “La administración de justicia no volverá a ser igual”
El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti encabezó el acto de puesta en vigencia de la nueva Justicia penal, donde dio a conocer el decreto que establece como fecha de inicio el 10 de febrero de 2014 y designó a los fiscales y defensores que actuarán en el sistema. A partir de esa fecha “las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano”, afirmó.
Tras dar a conocer el decreto de puesta en vigencia de la nueva Justicia Penal, decisión que el gobernador ya había anunciado en septiembre pasado luego de una reunión con la Corte Suprema y el fiscal general de la provincia, Bonfatti designará a los 79 nuevos funcionarios del sistema. Se trata de fiscales y defensores que rindieron un concurso público previo y que ya cuentan con acuerdo de la Legislatura pues sus pliegos fueron aprobados en diferentes asambleas legislativas que se vienen llevando a cabo desde el 13 de septiembre de 2012.
Para poner en marcha este modelo diferente de enjuiciamiento penal fue necesario crear dos instituciones desde cero: el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), órganos autónomos y autárquicos, independientes entre sí y del resto de los órganos judiciales, aunque integran en sentido amplio dicho poder. Los fiscales que se designan el 11 de noviembre se desempeñarán en el MPA y los defensores en el SPPDP. Se trata de la primera camada de funcionarios que trabajarán bajo los lineamientos del modelo acusatorio, oral y público (el régimen anterior se denominaba inquisitivo y era secreto y escrito).
Los fiscales van a dirigir la investigación, formular acusación, actuar en juicio y formular impugnaciones ante los tribunales correspondientes, en tanto los defensores vienen a garantizar el acceso real al derecho de defensa. Debe tenerse en cuenta que la defensa pública es subsidiaria, es decir si el imputado no quiere o no puede pagar un abogado defensor la provincia se lo provee. La regla sigue siendo que el imputado de cometer un delito elige a su defensor.
Al respecto, en el acto realizado en el Colegio Inmaculada Concepción de esta capital, Bonfatti, remarcó que “a partir del 10 de febrero la administración de justicia no volverá a ser igual, a partir de febrero las decisiones judiciales se tomarán de cara al ciudadano no en la soledad de la oficina de un juez y oculto entre las páginas de un expediente sino en una audiencia oral y publica. Los santafesinos tenemos la posibilidad de ver cómo trabaja uno de los poderes esenciales del Estado. Entendemos que esta es una manera de acercar la justicia a la gente”.
Por un lado, continuó el gobernador, “la presencia de publica significará un contralor informal a la actividad de los funcionarios judiciales que hasta ahora no existía para ese sector del Estado” y por otro “permitirá que los ciudadanos se compenetren progresivamente con los criterios de trabajo que utilizan los jueces en razones que alimentan sus decisiones y que hasta ahora parecen críticas o lejanas para la ciudadanía”.
El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, dio todos estos detalles y aclaró que el funcionamiento del nuevo sistema regirá “en toda la provincia y para todos los delitos”. Según dijo, desde el Poder Ejecutivo “creímos que implementar un sistema penal era mucho más que cambiar las normas y por eso avanzamos en un plan que implicó armar desde cero las nuevas instituciones, un plan de capacitación y una ley de transición”.
A ello sumó la importancia de “ponerlo en marcha todo junto al sistema”, que “es lo que se ha estado haciendo” desde que se tomó la determinación. Al respecto, aseveró que “entendimos que todas las condiciones estaban dadas para que el nuevo código empiece a regir en su plenitud en toda la provincia y por eso mismo el gobernador está dictando este decreto”.
Perspectivas modestas
El defensor General de la provincia también se manifestó en torno a la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Procesal Penal, y dijo que sus perspectivas “son modestas” por lo que “puede resultar esta puesta en funcionamiento un poco apresurada, improvisada. Uno tiene la esperanza de que las fuerzas funcionen lo mejor posible” pero, reiteró, “las expectativas tienen que ser modestas porque las formas no cambian los contenidos porque esto no va a resolver los problemas de inseguridad e impunidad. Por poner en funcionamiento el nuevo sistema no se va a cambiar la vida de la ciudadanía”.
Asimismo, Gabriel Ganón, detalló que considera que “es improvisada porque hace un año que esperamos el nombramiento de los funcionarios de nuestra estructura, faltan herramientas informáticas muy importantes, no está en funcionamiento el organismo de investigación”.
Este contenido no está abierto a comentarios