BONISTAS ACEPTARÍAN UNA QUITA del 45 %

“No estamos presentando una contrapropuesta. Lo que queremos es negociar”, aclaró ayer el grupo más grande de acreedores privados extranjeros de la Argentina, que presentó un plan alternativo al ofrecido por el Gobierno, en el que prevé una quita máxima del 45%, frente a la propuesta oficial del 75 por ciento.

“Hasta ahora, pese a los compromisos firmados con el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los Siete, el gobierno argentino se ha negado a sentarse a la mesa para negociar. Sólo vinieron con ofertas unilaterales finales que no son aceptables para nosotros”, señaló a LA NACION Hans Humes, copresidente del Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB, por sus siglas en inglés), que reúne a acreedores de EE.UU., Europa y Asia, y tiene títulos por US$ 37.000 millones, de los 82.000 millones que entraron en cesación de pagos en diciembre de 2001.

En las oficinas de sus asesores financieros, la firma Bear Stearns, Humes, acompañado por el otro copresidente, el italiano Nicola Stock, reveló ante casi un centenar de acreedores, inversores y analistas de Wall Street los números que todos esperaban fuera una contrapropuesta, pero que ellos prefirieron definir como parámetros alternativos, que, destacaron, son “totalmente negociables”.

Según sus análisis, los pronósticos de crecimiento de la Argentina presentados en Dubai en septiembre de 2003 y ya de modo final en Buenos Aires el mes pasado están errados y, por ende, el país tendría mucha mayor capacidad de pago.

Las proyecciones del GCAB prevén un crecimiento promedio del 4,2% hasta 2014, y el Gobierno, un 3,6 por ciento. Por otra parte, consideran que el superávit presupuestario del 2,6% que prevé Kirchner se queda corto y lo ubican en un 3,3 por ciento.

Además, calculan que la inflación sería del 5,2%, contra el 3% proyectado, y afirman que el PBI para 2030 sería de US$ 700.000 millones y no de 418.000 millones. “Este es el pronóstico que nos dan nuestros números. Si ellos llegaron a algo distinto, sería bueno discutir”, dijo Stock, que mostró diapositivas con un menú de diferentes tipos de bonos, con plazos de entre 10 y 30 años, que implican recortes nominales de entre el 20 y el 30 por ciento de su valor original.

Lo que no es materia de negociación, y sobre lo que las autoridades del GCAB hicieron hincapié, son los términos de la negociación: deben garantizarse la transparencia, un trato equivalente a todos los acreedores, que sean honrados los intereses atrasados desde diciembre de 2001 -estimados en 26.000 millones para fines de 2004- y que participe en la reestructuración al menos el 90% de los acreedores.

“Está en el interés de la economía argentina que el Gobierno se siente a negociar con nosotros. El GCAB tiene un amplio respaldo; hemos logrado juntar a 500.000 acreedores minoristas y unos 100 institucionales”, subrayó Humes, del fondo de inversión Greylock Capital Associates. “Sólo estamos tratando de facilitarle el trabajo a la Argentina”, agregó, en un comentario seguido por un aplauso.

Si no hay respuesta…

De los US$ 82.000 millones en títulos que entraron en default, hay en el país 38.000 millones; en Europa (Italia, Alemania, Suiza, España y Francia principalmente), unos 29.000 millones; en EE.UU., 10.000 millones, y en Asia -léase Japón-, 3000 millones. ¿Y si el gobierno argentino no quiere sentarse a negociar?, fue una de las preguntas. Y aunque una y otra vez aclararon que ir a juicio “es el último recurso”, adelantaron que iniciaron movimientos en el terreno de los abogados.

“Estamos cerca de designar a un consejero legal en los próximos días”, confesó Humes, que también señaló que si no hay reacción de la contraparte argentina “haremos lo posible para que no alcance el porcentaje que necesita para el canje”. Y agregó que “acudiremos a todos nuestros contactos en los países para advertirles sobre los riesgos de que los paradigmas de reestructuración de deudas sean dejados de lado”. Stock, por su parte, buscó mostrarse lo menos beligerante posible y optimista. “Nos encantaría recibir una llamada telefónica del ministro (Roberto) Lavagna”, confesó en medio de esta presentación o “road show” que llevará al GCAB a Boston, Hartford, Los Angeles, Londres, París, Zurich, Francfort, Roma y Tokio.

Fallo contra el default

La justicia en lo contencioso administrativo federal sumó un nuevo capítulo en la pelea que mantienen los tenedores de bonos en default con el Estado.

Un juez ordenó al Ministerio de Economía mediante una medida cautelar que abone a un particular -tenedor de deuda pública en cesación de pagos- “todos los montos correspondientes a los servicios de renta y amortización vencidos (…) y oportunamente para el futuro, en oportunidad de cada vencimiento”.

El juez basó su resolución en las “circunstancias de edad y afectación de salud” del reclamante. Hasta el fallo existía un régimen, regulado por la resolución 158/03, mediante el cual quienes reunían ciertos requisitos eran exceptuados del default si aceptaban la pesificación de sus bonos y desistían de reclamar por el valor total en moneda original.

El abogado del reclamante, Sergio Bonzo, dijo a LA NACION que “la novedad del fallo es que el actor cobrará la suma que le corresponda en pesos, sin desistir de reclamar por la diferencia que existe hasta llegar al pago total de dólares”. Según sus dichos, la medida no fue apelada.