BRASIL: DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL EN LA CORTE SUPREMA
La denuncia contra el juez Paulo Geraldo Medina, de 61 años, fue formalmente elevada al Supremo Tribunal Federal (STF) por la abogada Gloria Padua Ribeiro Portella, hija de otro magistrado de la misma corte, Antonio de Padua Ribeiro.
La abogada, quien está casada y que comenzó a trabajar como asistente de Medina en junio de 2001, asegura que el magistrado intentó obtener favores sexuales en por lo menos cuatro ocasiones desde marzo pasado, y convocó como testigos a otros tres jueces del STF.
Según Ribeiro Portella, Medina le lanzó “miradas poco usuales, palabras con doble sentido e insinuaciones”, trató de tomarla de las manos y le pidió que lo abrazara y besara.
La mujer sostiene en su demanda que cuando el acoso se hizo intenso, pidió licencia médica, hasta que finalmente fue despedida. Versiones que circulan en la Justicia y que fueron recogidas por la prensa brasileña, proporcionan un relato diferente: dicen que la mujer está demandando a Medina luego de haber sido despedida por insubordinación, sugiriendo que la denuncia por acoso no es más que una venganza por haber sido echada.
Medina es un reconocido jurista brasileño, que entre 1997 y 1999 presidió la Federación Latinoamericana de Magistrados. De ser condenado por acoso sexual, podría tener que cumplir una condena de entre uno y dos años de cárcel.
La denuncia ocurre en medio de una fuerte tensión entre el Poder Judicial y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, a raíz de que el Supremo Tribunal Federal anulara un decreto para la expropiación de tierras, firmado por el mandatario en mayo pasado.
El decreto presidencial preveía la expropiación (en el marco de la reforma agraria) de 13.200 hectáreas de tierra en el Estado de Río Grande do Sul, propiedad de Alfredo Southall.
El procurador general de la República, Carlos Fonteles acusó a Southall de obstaculizar una inspección de su propiedad en diciembre de 2001, a cargo de funcionarios del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
En una sesión realizada en la noche del jueves, el STF anuló el decreto por ocho votos contra dos, alegando que Southall no había sido informado previamente de la inspección oficial.
El presidente de la Corte, Mauricio Correa, acusó el gobierno de excesiva “tolerancia” al abordar los conflictos rurales y advirtió que, de no haber una “actitud más activa” por parte de las autoridades, “se perderá el control” de la situación.
El decreto de expropiación, firmado en mayo por el propio Lula, agravó la tensión entre los terratenientes de Río Grande do Sul y los labriegos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).
Este contenido no está abierto a comentarios