Brasil: el candidato opositor dijo que designaría a un militar para combatir a los narcos

"Crearé un ministerio de seguridad con gente especializada, donde pondré un coronel de la Policía retirado, un general del Ejército retirado, existen varios antecedentes de eso en Brasil", afirmó Serra, citado por la agencia noticiosa italiana ANSA.

Agregó que "el tráfico de drogas y el contrabando son temas federales, pero el gobierno federal no se compromete lo suficiente en ese asunto". Por otra parte, la legislación brasileña prohíbe a las Fuerzas Armadas actuar en la represión de la delincuencia.

Ex ministro del gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) Serra pertenece al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Según una encuesta del diario Folha de Sao Paulo Serra cuenta con el 37 por ciento de intenciones de voto, igual porcentaje de su rival, Dilma Rousseff, pero otros sondeos dan una ligera ventaja a la candidata oficialista.

El dirigente del PSDB considera prioritario endurecer el combate contra el tráfico de drogas y el mes pasado acusó al gobierno boliviano de complicidad con las organizaciones que introducen cocaína en Brasil.

Por otra parte, la Orden de Abogados de Brasil (OAB) exigió que entre en vigor en los comicios del 3 de octubre próximo la ley de "Ficha Limpia", sancionada ayer por el presidente Lula da Silva y que impide ser candidato a quien tenga condena judicial.

"Basta de corrupción, basta de usar la política como un negocio privado" y de "usar" la inmunidad parlamentaria para encubrir delitos, declaró Ophir Cavalcante, titular de la OAB, declaró al diario O Globo.

El proyecto "Ficha Limpia" fue impulsado por la OAB y la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que recolectaron cerca de 1,5 millones de firmas. Cavalcante dijo que la ley es un "recado dado por los electores" a la clase política y exigió que ésta entre en vigor en los comicios del 3 de octubre, cuando se elegirán presidente, gobernadores y congresistas.

Lula sancionó la norma el viernes por la noche, pero no precisó si ésta será aplicada este año o desde 2012. Más de un quinto de los 513 diputados y senadores federales tienen condenas o procesos abiertos en la justicia común, pero gracias a los fueros parlamentarios esos procesos fueron suspendidos.

Congresistas alegan que la ley no puede ser aplicada en octubre de 2010 pues violaría "derechos adquiridos".