BRASIL: LAS COIMAS IBAN NO SÓLO A LOS DIPUTADOS, TAMBIÉN A JUECES
Los resultados de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil pusieron al borde del ataque de nervios al mundo político, judicial y social del país. Quienes se presentaban hasta ahora como “cruzados” contra los desvíos éticos del gobierno, ayer aparecieron en la misma bolsa que los acusados. Quedó, también, más claro que la red de distribución de fondos irregulares supera al Congreso. Ahora, se sabe que jueces, intendentes, asociaciones de magistrados, organizaciones no gubernamentales, partidos opositores y partidos oficialistas, todos al unísono, fueron “pagados” desde las mismas cuentas bancarias de la que salía la plata para el PT y sus aliados.
Dos entidades judiciales: el Instituto de Magistrados del Distrito Federal y la Asociación de Jueces Federales en Brasilia, recibieron dinero sin ninguna explicación aparente.
También fueron regadas con los recursos “irregulares” otras entidades, tan representativas como las dos primeras. Una es el Frente Nacional de Intendentes (agrupa a más 5.500 alcaldes brasileños). La otra es la Asociación Brasileña de Organizaciones No Gubernamentales. En este último caso, el giro de dinero “no declarado” (o ilegal) tuvo como destino el 5ø Foro Mundial Social que se realizó en enero pasado en Porto Alegre.
El caso del Instituto de Magistrados tiene un elemento que lo distingue: quien recibió el dinero fue su ex titular, el juez Valter Ferreira Xavier Filho. Este ex magistrado fue acusado de vender sentencias y tuvo que renunciar a la Corte a fines del año pasado.
La Orden de Abogados de Brasil acusó el golpe. Su presidente, Roberto Busato, clamó: “La investigación tiene que ser amplia y nuestra Orden lamenta que haya vínculos (con la corrupción) del único poder que parecía alejado de la podredumbre”.
La asociación de los alcaldes brasileños justificó recibir el dinero por cuenta de un mega acto que realizó en Brasilia el año pasado y al que asistió el presidente Lula da Silva. Sólo que quien aparece como receptor de los recursos clandestinos es un ex intendente, Luiz Paulo Veloso Lucase, miembro del PSDB (Partido Socialdemócrata de Brasil) que lidera la cruzada contra la corrupción.
La Comisión Parlamentaria reveló ayer que el esquema de manejo de fondos clandestinos no fue montado por la ex dirección del Partido de los Trabajadores. Esta agrupación oficialista adoptó como propio un sistema que ya funcionaba en el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Fue el PSDB el que inventó la figura del publicitario Marcos Valerio de Souza, quien hoy aparece vinculado a los ex ministros y ex jerarcas del PT que cayeron en desgracia.
El modelo era bastante simple. Su arquitecto Marcos Valerio tomaba dinero de los bancos usando como garantía los multimillonarios contratos de publicidad que los gobiernos le firmaban. De esa plata salían los fondos para financiar campañas electorales y el soborno para los congresistas, y eventualmente, miembros del Poder Judicial.
El sistema tiene 7 años de antigüedad, ya que el PSDB lo puso en funcionamiento para la campaña electoral de 1998. Y el PT decidió emplear a partir de la victoria de 2002 la misma red, bautizada en Brasil como “Valerioducto”.
Quien aparece salpicado por esta causa es el senador Eduardo Azeredo, presidente del Partido Socialdemócrata, esto es el mismo de Cardoso y del actual intendente paulista, José Serra. El legislador fue gobernador de Minas Gerais entre 1998 y 2002. Durante ese período, la agencia de Marcos Valerio, situada en Belo Horizonte (capital de Minas Gerais) obtuvo contratos de publicidad con el gobierno de Azeredo. Y los puso como garantía para créditos. Luego, transfería dinero a asesores políticos o funcionarios del equipo del ex gobernador.
El dinero, según se sabe ahora, fue a parar por lo menos a los bolsillos de 70 políticos vinculados al actual senador. Hasta ahora, la Comisión Parlamentaria que investiga la corrupción en su propio seno, computó 700.000 mil dólares que fueron a financiar a los soldados de Azeredo.
Para completar el cuadro, se comprobó que un importante legislador del Partido Progresista, Ibrahim Abi-Ackel, quien ocupa un cargo clave en la Comisión Parlamentaria investigadora de coimas a legisladores y otros, recibió pagos “no declarados” que salieron de la misma cuenta investigada.
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