BRASIL: LIGAN A MILITARES ARGENTINOS CON LA VENTA DE ARMAS A NARCOS

Un informe del Congreso brasileño, cuya redacción final terminó estos días y que será divulgado públicamente en breve, cita formalmente que armas de grueso calibre fueron desviadas desde órganos de seguridad de Paraguay, Argentina y Uruguay, con destino a las principales bandas del narcotráfico de Brasil: el paulista Primer Comando de la Capital y el carioca Comando Vermelho (o Comando Rojo).

Al parecer, según ese dossier de la Comisión Parlamentaria que investigó el tráfico de armas en territorio brasileño, casi el 25% del material bélico que nutre los depósitos de las bandas de la droga son provistas desde el exterior y entran, especialmente, por la zona de la Triple Frontera, procedentes de territorio paraguayo.

Según publicó el diario carioca O Dia, fue posible comprobar ese flujo de armamentos desde los vecinos del Cono Sur después de que la Policía Federal brasileña iniciara la Operación Serraluz, en la que también participaron agentes de la Policía civil de Río Grande del Sur. Esa acción, realizada en 2005, apuntó que había “militares extranjeros” en la red del tráfico armamentista. Tales militares habrían sido contactados por Erineu Domingos Soligo, a quien los sabuesos brasileños sindican como “brazo derecho” del célebre narcotraficante Luiz Fernando da Costa, conocido también como Fernandinho Beira-Mar.

En declaraciones al diario de Río de Janeiro, uno de los miembros de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el diputado Paulo Pimenta (integrante del Partido de los Trabajadores), sostuvo que ese organismo del Congreso accedió a grabaciones de conversaciones telefónicas entre militares y delincuentes “donde los bandidos hablaban, con mucha desenvoltura y lujo de detalles, de cómo conseguir las armas”.

En el informe final de la Comisión Parlamentaria brasileña, aparecen declaraciones del comisario Rafael Franca, de la Comisaría de Represión de Estupefacientes de Porto Alegre, en las que el alto jefe policial insistió que numerosos cargamentos bélicos venían de Uruguay y de Argentina a través de policías y militares de ambos países. Otro comisario, Guilherme Pacífico, de la Policía civil de Río Grande del Sur, sostuvo ante la Comisión Parlamentaria que “en Argentina y en Paraguay las drogas y los autos robados son utilizados como moneda de intercambio en la compra de armas”.

A principios de febrero, el diputado brasileño Colbert Martins da Silva, representante de la “CPI de las armas”, como se conoce a esa comisión parlamentaria, declaró ante el embajador argentino en Brasilia Juan Pablo Lohlé: “Hay documentos y grabaciones que confirmarían la existencia de militares argentinos en esa actividad delictiva”. Pero cuando Lohlé le pidió que diera datos sobre los involucrados, el legislador brasileño admitió: “No tenemos los nombres”.

En esa oportunidad, Lohlé le dijo a un grupo de periodistas, entre ellos esta corresponsal, que “lo único novedoso aportado por el parlamentario fue la existencia de conversaciones telefónicas donde se hablaba de vinculaciones de militares argentinos, pero que no delatan grado, el arma a la que pertenecen como tampoco nombres y apellidos. Son prácticamente anónimos”.

El caso perdió fuerza desde entonces y permaneció prácticamente ignorado hasta ayer.