BRASIL: PIDEN AYUDA A LA ARGENTINA PARA COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO

El Primer Comando de la Capital, la principal facción delictiva que actúa en San Pablo, no sería sólo un fenómeno local sino que tendría lazos “internacionales”. Así lo aseguró el go bernador paulista, Claudio Lembo, quien afirmó que pidió, a través del ministro de Justicia brasileño, Márcio Thomaz Bastos,

una integración con Argentina para combatir el delito organizado.

Según Lembo, él pidió “al Gobierno argentino que trabaje con la inteligencia brasileña para identificar acciones y personas vinculadas al delito organizado en los dos países”. El gobernador estadual —que hasta diciembre próximo dirigirá los destinos del primer estado brasileño— sostuvo: “Nosotros los latinoamericano colocamos a la inteligencia al margen durante el período de autoritarismo. Ahora tenemos que volver a ella.”

Recordó que el jueves, en Buenos Aires, “hubo una manifestación contra la violencia. Por lo tanto, el problema es de toda América latina y tenemos que unirnos”. El jefe del Ejecutivo de San Pablo sostuvo que el PCC tiene raíces en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay y también en Chile. Fue entonces que recordó que los nexos entre los líderes del PCC y “delincuentes” del Cono Sur habrían tenido un comienzo en la época en que el chileno Mauricio Hernández Norambuena lideró el comando secuestrador del publicista brasileño Washington Olivetto (el 11 de diciembre de 2001). Norambuena era integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y fue condenado a prisión perpetua en Chile por secuestro y por dos atentados, entre ellos, uno perpetrado contra Augusto Pinochet en 1986.

Otro empresario brasileño, Abílio Diniz, dueño de la cadena de supermercados Pan de Azúcar, había sido secuestrado anteriormente, según se presume, por representantes del chileno Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y las Fuerzas Populares de Liberación de El Salvador. También habían participado canadienses que eran miembros de esa organización.

Lembo, que pertenece a un partido de extrema derecha, el Frente Liberal comandado por el senador ultraconservador de Bahía Antonio Carlos Magalhaes, recordó ese hecho. Y sostuvo que “el gobierno federal cedió a las presiones (del gobierno canadiense y del chileno) y los mandó de vuelta (esto es, los repatrió). Esto no debería haber pasado”.

Así, el gobernador paulista pone el problema en el exterior, se llame Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile o Canadá. Pero olvida algo central: 75% de las armas que proveen el narcotráfico de San Pablo, según las propias estadísticas oficiales, provienen del “mercado interno”, esto es, de las fuerzas de seguridad y militares de Brasil. Lembo busca disimular así la responsabilidad que le cabe a su propio gobierno sobre la inseguridad en la que se encuentra sumido San Pablo. “Estoy convencido de que todo esto (las conexiones en tre las bandas brasileñas y las de los países vecinos) llevó al crecimiento del delito organizado en América latina”.

Por ejemplo, el gobernador olvida estadísticas que acaban de publicar los medios periodísticos de San Pablo. Señalan en un informe que la seguridad en este estado, el mayor de Brasil, es extremadamente vulnerable.

“Nada menos que 35% de los paulistas ya fueron asaltados. La tercera parte fue víctima de robos en las calles. Y 18% sufrió la violencia del hurto en sus propias casas. El resto pasó por situaciones lamentables en sus autos durante el tránsito.” Y esto no ocurre sólo en la capital paulista sino en las 96 ciudades que existen en todo el estado.

Los nexos internacionales del narcotráfico y del contrabando de armas fueron explorados y analizados por la Comisión Parlamentaria de Investigación del Tráfico de Armas.

Este organismo del Congreso brasileño cuenta con pruebas de que habría una red extendida entre países del Cono Sur, entre ellos, la Argentina.

Hasta ahora disponen como pruebas conversaciones telefónicas que fueron pinchadas por la Policía Federal brasileña. Estas indicarían los nexos apuntados. Sólo que al menos hasta ahora nadie ha dado un nombre que permita, en la práctica, investigar la red denunciada.

Lo mismo ha ocurrido con Lembo: tampoco dispone de nombres de los presuntos implicados en la Argentina, Uruguay y Chile.