BRASIL: POLÍTICOS EN LA MIRA POR UNA RED DE LAVADO DE DINERO

Una gigantesca masa de dinero salió ilegalmente de Brasil en apenas 3 años. De acuerdo con las investigaciones realizadas por una comisión especial del Congreso, es del orden de los 30.000 millones de dólares que fugaron en el primer mandato del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Una parte de esos recursos volvió al país para ser “utilizada” en la privatización de dos grandes compañías brasileñas. Numerosos políticos se hallan bajo investigación.

El dinero huyó al exterior entre 1996 y 1999, a través de las sucursales de dos bancos oficiales y tres bancos privados, localizadas en Foz de Iguazú. Los legisladores de la comisión parlamentaria que investiga el caso recibieron el miércoles un listado de 150 cuentas beneficiadas con estas operaciones ilegales cuyos titulares son candidatos a intendentes, diputados, senadores y a gobernadores. Se trataría de políticos que compitieron por esos cargos en las elecciones de 1994, 1998, 2000 y 2002. Y trascendió que entre ellos hay dirigentes del Partido de la Social Democracia Brasileña, del ex presidente Fernando Cardoso, hoy en la oposición.

Hasta ahora, el único involucrado en forma directa es el ex presidente del Banco Central durante la gestión de Cardoso, Gustavo Franco, quien dirigió la institución entre 1996 y 1999. El miércoles, el fiscal Luiz Francisco de Souza lo puso en jaque. Declaró ante los legisladores que el ex funcionario era responsable por haber autorizado a 5 instituciones, Banco do Brasil, Banestado, Araucaria, Rural y Real, a girar depósitos al exterior sin necesidad de dejar constancia del nombre del titular ni del destino de las divisas.

Unos días atrás, ante la misma comisión parlamentaria, los procuradores Carlos Fernando dos Santos Lima, Joao Carvalho y Robson Martins habían señalado que las autorizaciones concedidas por el Banco Central a las sucursales bancarias de Foz de Iguazú “eran irregulares y facilitaron la práctica delictiva de evasión de divisas”. Dijeron, entonces, que “fue una institucionalización de lo ilícito”.

Relataron que buena parte de las divisas salió a través de vehículos transportadores de caudales. Señalaron también que entre 10 y 12.000 millones de dólares fugaron con destino a cuentas abiertas en la sucursal de Banestado (ex banco del estado de Paraná) en Nueva York.

De acuerdo con Souza, en las privatizaciones de la ex siderúrgica estatal Vale do Rio Doce, y de la ex empresa pública de telecomunicaciones Telebrás, se utilizaron recursos provenientes de cuentas en Foz de Iguazú. Esto revelaría que hubo “un blanqueo de capitales”, expresó. El fiscal cuestionó al Banco Central por ignorar estas anomalías: “Esto permitió efectuar grandes delitos contra el sistema financiero brasileño, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y hoy siguen impunes”.

Pero una de las denuncias más inquietantes del procurador fue la que recayó sobre el banco Araucaria, uno del quinteto de entidades autorizadas para este tipo de operaciones. Dijo que era una entidad pequeña y sin condiciones para movilizar la cantidad de recursos que transfirió al exterior (5.000 millones de dólares entre 1996 y 1999). Comentó que este banco había pertenecido a la familia del senador Jorge Bornhausen, actual presidente del Partido del Frente Liberal (PFL), que se ubica en el extremo derecho del arco político brasileño. De Souza interrogó: “¿Por qué el Araucaria recibió ese regalo del Banco Central si se trataba de un minibanco con apenas dos agencias?”.

El senador Bornhausen se apresuró a negar que su familia fuera propietaria de la institución bancaria (hoy liquidada). Pero el fiscal insistió en que el hermano del líder político, Paulo Konder Bornhausen, fue socio del Araucaria. Relató que en el momento de ser cerrado, el banco figuraba como propiedad de los hermanos de la esposa de Paulo.

El miércoles, el diputado Eduardo Valverde, del Partido de los Trabajadores, introdujo un nuevo elemento. A sus pares de la comisión parlamentaria investigadora les sugirió convocar a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil —la curia eclesiástica católica—. Relató que varios obispos habían elaborado un informe sobre la existencia de estas cuentas y de la enorme fuga de divisas verificada a través de ellas, que luego llevaron al ex presidente Cardoso. Pero el documento, dijo el legislador, no habría provocado mayor impacto, ya que “no se tomaron medidas para investigar el delito”.

Los procuradores preparan una andanada de juicios. La primera “víctima” será Gustavo Franco, el ex titular del Banco Central. El Ministerio Público iniciará una causa este mes por delito de responsabilidad en la evasión de divisas. Así lo anunció el procurador de De Souza. Dijo que la conducta de Franco “fue lesiva al erario público” y que el titular del Banco Central “practicó actos de improbidad administrativa”. El Tribunal de Cuentas de la Unión ya juzgó que el ex funcionario es responsable por las autorizaciones especiales que permitieron a los cinco bancos enviar el dinero al exterior.

Franco fue una pieza clave del gobierno de Cardoso. Durante años defendió un sistema de cambio fijo (pero no convertible como en Argentina) y tuvo que alejarse del Banco Central en enero de 1999, cuando sobrevino la devaluación.

Hay otros 20 procesos en marcha que involucran a cerca de 200 personas físicas y jurídicas por participación en la remesa ilegal de divisas. Entre ellos figuran además operadores de mesas de dinero y gerentes bancarios. De acuerdo con De Souza, el delito de evasión de divisas no prescribe en Brasil. Y las penas son muy elevadas dado que se trata de “delitos gravísimos” para las leyes brasileñas.