BUSCAN $ 4.200 MILLONES DE RECAUDACIÓN POR LOS CIGARRILLOS

Calificadas fuentes afirmaron a LA NACION que ya está acordado el texto del acuerdo que firmarán las empresas Massalin y Nobleza Piccardo con la ministra Felisa Miceli “para mejorar la recaudación y los controles sobre la evasión y la competencia ilegal” en el sector de los cigarrillos desde este mes y hasta el 31 de marzo de 2008.

Este pacto reemplaza al que rigió desde 2004 y hasta el 1° de este mes, que a su vez había permitido mantener en vigencia uno firmado en 2000, que mantuvo el impuesto adicional de emergencia sobre las ventas (FAS) de cigarrillos en el 7%. Tras el impuestazo de ese año, estaba previsto que el FAS subiera al 21%, pero las tabacaleras pidieron que se mantuviera la alícuota a cambio de lograr un piso de recaudación tributaria anual.

El primer convenio firmado durante el gobierno de Néstor Kirchner establecía que en 2005 la recaudación debía llegar a $ 4000 millones; la meta estuvo cerca de cumplirse, ya que, según cifras de la industria, los ingresos llegaron a 3910 millones. El nuevo acuerdo establece en su primer punto que el Ministerio de Economía no impulsará ningún aumento o modificación del régimen impositivo que grava a los cigarrillos si la industria recauda $ 4200 millones en el primer año y 4400 millones en el segundo.

En los considerandos, se indica que ambas partes buscan promover “un entorno predecible” sobre la base de un aumento gradual y razonable de la recaudación y, por otro lado, se admite que el mercado cambió “debido al aumento significativo de precios para alcanzar las metas de recaudación impositiva” y a una “mayor sensibilidad al precio de parte de los consumidores”.

Tras establecer la continuidad de la alícuota del 7% del FAS, de los impuestos internos y el IVA, se expresa que si se superan los objetivos anuales de recaudación los excedentes serán destinados a crear dos registros: uno que manejará la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de “instrumentos fiscales” y otro integrado por “acopiadores, fabricantes, importadores, exportadores y mayoristas” del sector tabacalero.

A cambio de la estabilidad del sistema tributario, las empresas se comprometen a continuar con sus respectivos planes de inversiones, mantener las fuentes de trabajo y colaborar con el Estado en el combate al contrabando de cigarrillos. Por otro lado, se prevé que el pacto será revisado si en los próximos tres meses el Congreso nacional no sanciona un marco regulatorio definitivo para el sector.

Este proyecto promete una ardua discusión parlamentaria, ya que las empresas temen que prohíba en forma casi absoluta la posibilidad de fumar en espacios públicos cerrados y en dependencias del Estado.

“Si no podemos vender, no podemos darle sustentabilidad a la industria y, por lo tanto, garantizar una recaudación estable”, afirmó una fuente de una empresa. Además, dentro del sector privado no hay acuerdo sobre la idea oficial de establecer un precio mínimo para los atados.

En cambio, tanto Massalin como Nobleza Piccardo están de acuerdo en pedir que el control del Gobierno también abarque a sus competidores más chicos, que ya tienen cerca del 10% del total del mercado local del tabaco. Las marcas de más bajo precio tienen más del 20% del mercado, si se suman las que producen las dos grandes empresas.