BUSCAN QUE EX PRESIDIARIOS TRABAJEN EN OBRAS PÚBLICAS

Con la idea de “atrapar” los efectos benéficos del boom de la construcción, el gobierno provincial estudia un proyecto propuesto por integrantes de la Asociación Pro Recuperación e Inserción Social del Individuo (Aprisi) para incluir al 5 por ciento de ex detenidos en la realización de la obra pública que ejecute el Estado santafesino.

“El beneficio podría alcanzar a una importante cantidad convictos que, de alguna manera, tendrían un incentivo para no reincidir en el delito”, aseguraron desde la organización que se ocupa de acompañar a quienes inician su camino hacia su libertad. Los funcionarios de distintas áreas empezaron a analizar la iniciativa que requerirá la modificación de la ley de contratación y los reglamentos de Obras Públicas, según reveló el director del Patronato de Liberados, Javier Garceche. También se prevén exenciones impositivas para los emprendimientos privados que contraten a ex convictos.

Como referencia obligada, los integrantes de Aprisi señalan los planes de vivienda anunciados por el Ministerio de Planificación Federal de la Nación y empiezan a vislumbrar la idea de que ex detenidos trabajen en aquello que mejor conocen más allá del delito: el oficio de albañil. “Si la mayoría de los hombres y mujeres que actualmente están alojados en las cárceles no vivieron nunca la experiencia del primer trabajo, ¿qué posibilidades tendrían de conseguirlo al salir en libertad?”, se preguntan los miembros de la organización conociendo a priori el resultado negativo de la respuesta.

“Todavía no nos dijeron que sí en forma rotunda, pero lo están analizando”, afirmaron con entusiasmo los representantes de Aprisi Eduardo Loza y Luis Valdés, en tanto avizoran un futuro algo más benigno para aquellos convictos que accedan a la libertad condicional. Cada año, el Patronato de Liberados de Rosario recibe a unas 460 personas que abandonan en forma gradual la vida intramuros.

Según la visión de los integrantes de Aprisi, la imposibilidad de acceder a un trabajo empuja aún más a un convicto a volver a su anterior “oficio” ligado al delito, el que conoce mejor y el que tiene a mano para subsistir. “Desde el punto de vista estadístico la incorporación de un ex detenido al mercado laboral es casi nula. Para sobrevivir y mantener a sus familias a quienes salen de un penal sólo les queda trabajar como vendedor ambulante, albañil o generarse algún tipo de autoempleo, opciones bastante distantes a una actividad en relación de dependencia o que le garantice mayores chances de continuidad”, explica Valdés.

Por su parte, Loza recuerda que gran parte de quienes hoy pueblan las cárceles santafesinas “provienen de familias desintegradas por la pobreza, transitaron una infancia en la que jamás comieron en su casa –sólo en comedores comunitarios– y nunca conocieron lo que es trabajar”.

Por esa razón, propone que debe realizarse “un esfuerzo mancomunado”, tanto desde el Estado como desde las organizaciones no gubernamentales, de acuerdo a una tendencia de integración que se observa a nivel internacional. Con respecto al sector privado “siempre reticente y mirando de reojo”, según expresa Valdés, el tema se torna más complicado, aunque puede incorporarse, sobre todo porque la obra pública se subcontrata.

Otro de los argumentos que utilizan tanto Loza como Valdés a la hora de defender el proyecto que pergeñaron hace algunos meses y ya empezó a tomar forma es el de la importancia de prevenir el delito. “Acá no estamos planteando solamente la necesidad de dar una mano a los ex detenidos sino que también pensamos en prevenir el delito y contribuir a la seguridad ciudadana”, remarcan, para luego advertir que “quien reincide, lo hace con mayor intensidad. Si su primer causa fue por un robo a mano armada, la próxima se le abrirá seguramente por un delito más cruento”.

El gobierno analiza la propuesta

El primer funcionario en avalar la propuesta fue el director del Servicio Penitenciario (SP), Fernando Rosúa, quien resaltó el espíritu de la idea al recordar que “a los ex detenidos el mercado no les genera posibilidades y que, por lo tanto, es obligación del Estado garantizar ese derecho a través de políticas activas de reinserción laboral”. De todas formas, advirtió la necesidad de discutir el proyecto desde las diferentes áreas de gobierno, para determinar cuál será el mejor camino para concretar la inclusión del cupo que deberá organizarse con reglas claras: plazos predeterminados, contratación y una bolsa de trabajo que surja de los propios liberados.

Por su parte, Garceche redobló la apuesta y empezó a trazar los atajos hacia la inclusión de los liberados en la ejecución de la obra pública. “Como la obra pública está toda tercerizada, una de las posibilidades que estamos estudiando es realizar una preselección de empresas –o preadjudicación– que le dé mayor puntajes a las que logren un doble requisito: sobre la base del precio más conveniente incluir a un mayor número de liberados”, explicó el funcionario.

“De esta forma no molestamos a nadie y estamos estimulando a que se tome más ex detenidos en la construcción, en un momento en que está en pleno auge y es lo que más saben hacer”, concluyó.

Una idea que también se puede aplicar en el sector privado de la construcción

Para los integrantes de Aprisi, la incorporación de ex detenidos en la ejecución de obra pública también debería extenderse al sector privado, a través de exenciones impositivas que estimulen la contratación de trabajadores que transitaron por la cárcel. “Estamos analizando la posibilidad de rebajar los aportes de ingresos brutos y los que devienen de la ley 5.110 –que corresponde a pensiones graciables no contributivas– a las empresas que tomen ex presos en la construcción. Justamente esos dos rubros son los que generan más quejas entre los empresarios y esas cargas podrían alivianarse a modo de compensación”, afirmó el director del Patronato de Liberados, Javier Garceche, quien aclaró que la propuesta deberá tener primero el visto bueno del Ministerio de Hacienda, “para que no se recienta la recaudación”. Por su parte, Luis Valdés, de Aprisi, destaca “la necesidad de empezar a colaborar entre todos para evitar la reincidencia, lo que en definitiva contribuirá a una mejor convivencia y a disminuir las condiciones que empujan al delito”.