BUSCANDO LA JUSTICIA AFUERA

El Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión Investigadora No Gubernamental de la Represión de Diciembre de 2001 en Rosario, estudian la posibilidad de presentar algunos casos ante Tribunales internacionales “cuando se evalúe la denegatoria de Justicia para las víctimas y sus familiares”.

Se trata de delinear una estrategia de denuncia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el territorio santafesino durante la represión de la protesta social en el 2001 y por lo que se considera “falta de respuestas institucionales adecuadas” por parte de los tres poderes provinciales, en especial por parte del Poder Judicial. Los casos que aparecen como los más claros para realizar el planteo son los que corresponden a las investigaciones por las muertes de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereyra y Yanina García ya que tienen en común que el juez interviniente, el titular de Instrucción 13ª Osvaldo Barbero, indagó a un grupo importante de policías “cuando no había pruebas suficientes y luego dictó el sobreseimiento”. Ayer también se presentó el libro del CELS “El Estado frente a la protesta social 1996-2002”. (ver aparte)

Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios y Rodrigo Borda de la misma organización, quien participa como querellante en las causas de la represión en la ciudad de Buenos Aires trabajaron ayer con los integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental.

La imprescindible comparación entre la situación de las causas en Buenos Aires y en Santa Fe marcó dos ejes de trabajo: la no investigación respecto de las responsabilidades políticas por la represión y los asesinatos en el territorio santafesino y la posibilidad de realizar presentaciones internacionales cuando se evalúe “que no se puede seguir avanzando y que esto deviene en denegatoria de Justicia tanto para las víctimas como para sus familiares”.

Palmieri y los integrantes de la Comisión–Lilian Echegoy, Antonio Tessolini, Rubén Naranjo y los abogados Carmen Maidagan y Enrique Font, este último de la sección de Criminología del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNR- trabajaron sobre el análisis de todos los asesinatos y del hecho que se produjeron a lo largo de tres días.

Sobre tres de esos casos, los de Delgado, Pereyra y García hubo una “complicada y criticable actuación de parte del juez actuante” dijo Palmieri en cuanto a que indagó “a los presuntos culpables cuando no tenía elementos para hacerlo. Las indagatorias no son correctas porque el juez no tenía todos los elementos para indagar y como no tenía pruebas los sobreseyó. Cuando luego, en algunos casos, aparecen las pruebas se presenta entonces una situación complicada porque las personas están sobreseídas”.

El análisis se centró ayer también en antecedentes internacionales para delinear una estrategia que permita una alternativa cuando se considera que en el país existe una denegatoria de Justicia, ya que ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen antecedentes-el caso de Walter Bulacio de la Argentina es uno de ellos, se trata del chico asesinado en 1991 cuando había asistido a un recital en el estadio de Obras, en Buenos Aires- donde la orientación es la de proseguir las investigaciones aunque haya sobreseimiento.

Tanto Palmieri como los integrantes de la Comisión señalaron que Santa Fe “no avanza en la determinación de las responsabilidades políticas por los hechos del 2001” en relación con lo que ocurrió en Buenos Aires. Se recordó la confirmación del procesamiento al ex jefe de Seguridad Enrique Mathov y al jefe de la policía Santos y que no hubo sobreseimiento sino falta de mérito, también por homicidio culposo, del ex presidente Fernando de la Rúa.

En cambio, en relación con los hechos en Santa Fe el interrogante para el CELS y para la CING es “qué pasa entonces cuando en Santa Fe hubo asesinatos durante tres días, con balas de plomo y hechos probados y policías condenados….cuál es la responsabilidad política de quien era el gobernador, el ministro de Gobierno, el secretario de Seguridad y también de los jefes policiales”.