BUSTI DENUNCIÓ A URUGUAY POR EL RIESGO DE LAS PAPELERAS
El gobernador entrerriano Jorge Busti presentó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, una denuncia contra Uruguay por permitir la instalación de dos fábricas de pasta de celulosa en Fray Bentos sin haber realizado estudios de impacto ambiental.
La presentación fue realizada por Busti y el vicegobernador Guillermo Guastavino, en calidad de ciudadanos entrerrianos directamente afectados que expresaron su preocupación por el peligro de contaminación que representan las fábricas para ciudades ribereñas del río Uruguay.
Además, esta tarde presentaron otra denuncia ante la Oficina del Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, Meg Taylor, para tratar de bloquear los créditos internacionales que pueda recibir la empresa finlandesa Botnia y la estatal española ENCE, que avanzan con sus proyectos en el Uruguay.
La comitiva oficial fue recibida por los embajadores argentinos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rodolfo Gil, y ante el gobierno de los Estados Unidos, José Octavio Bordón, y por el delegado argentino ante el Banco Mundial, Alieto Guadagni.
Desde Washington, Busti resaltó que “tanto el vicegobernador como yo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para garantizar la vida de más de 300.000 personas y en eso estamos”.
“Sabemos además que nos apoya mucha gente, miles de entrerrianos y hermanos uruguayos, y también contamos con el apoyo indiscutido del presidente Néstor Kirchner que ha hecho de esta causa una cuestión de Estado Nacional”, remarcó Busti desde Washington, informó la oficina de prensa provincial.
La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta que “Uruguay no sólo ha renunciado a ejercitar los controles ambientales exigidos por normas internacionales para la instalación de las plantas de celulosas en Fray Bentos, sino que además oculta información técnica sobre contaminación a los argentinos y a los uruguayos directamente afectados”.
Busti y Guastavino pidieron al tribunal que “declare que el Estado uruguayo ha violado la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar dos emprendimientos industriales en razón de sus altos componentes contaminantes, de las evidentes carencias de control ambiental y del probado riesgo de vida para alrededor de 300.000 personas que habitan en la ribera argentina-uruguaya”.
En la presentación ante los organismos financieros solicitaron “suspender el proceso de evaluación de otorgamiento del crédito en los proyectos, hasta que los riesgos ambientales, sociales y económicos sean debidamente evaluados y las violaciones a las políticas operacionales denunciadas sean ratificadas”.
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