BUSTI NOMBRÓ EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A UN EX CABECILLA DEL MOVIMIENTO MILITAR CARAPINTADA

Aunque parezca increíble, uno de los líderes del movimiento carapintada en Entre Ríos, en la rebelión de 1990 -en que fue asesinado un soldado y la provincia tuvo pérdidas económicas por más de un millón de dólares-, el ex mayor médico de Ejército, Pablo Santiago Llanos, es nuevo funcionario del gobierno provincial. Por un decreto firmado por Jorge Busti y la ministro Graciela Degani, fue nombrado secretario técnico del Hospital San Martín de Paraná, según confirmó ANALISIS. Llanos estuvo por más de 12 años como prófugo de la justicia, viviendo en el Uruguay y retornó tras la prescripción de la causa.

El 3 de diciembre se cumplieron 13 años. 12 días después de ese triste aniversario, en que la provincia se vio conmovida y golpeada -al igual que buena parte del país-, por la última sublevación carapintada, que en Entre Ríos trajo dolor, muerte y pérdidas millonarias, uno de sus máximos líderes seguramente se sintió reivindicado y suspiró tranquilo, quizás hasta con una sonrisa burlona por las vueltas del destino. El mismo gobernador que seguramente aquella vez puteó y transpiró como pocos ante los acontecimientos, firmó el decreto número 50 del Ministerio de Salud y Acción Social, por el cual al “doctor Pablo Santiago Llanos, clase 1952, MI número 10.233.220, domiciliado en calle Candiotti número 382 de Paraná” se lo nombró secretario técnico del Hospital San Martín.

Nadie quiso, nadie supo, nadie intentó recordar que ese mismo médico Llanos fue uno de los cabecillas del movimiento que intentó quebrantar el sistema democrático que, en esta provincia, era representado por Jorge Busti, en la etapa final de su primer gobierno.

Ese mismo 3 de diciembre de 1990, el entonces mayor Llanos decidió fugarse a la República Oriental del Uruguay, antes de ser apresado. Tanto en los puestos fronterizos de Gendarmería Nacional como en la Policía de Entre Ríos existía, desde esos días, la orden de captura, aunque la causa prescribió poco después del indulto dispuesto por el ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, el 21 de mayo pasado, cuando liberó al ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, a los detenidos por el ataque a La Tablada, como así también a los ex carapintadas condenados por la justicia.

El último registro del pedido de captura, de 1991, que constaba hasta hace un tiempo en la fuerza de seguridad entrerriana, está consignado en la orden del día número 11.595 (por la circular 36 de la Policía Federal) y en el oficio 56 de la Justicia Militar, emanado del Comando de Brigada de Caballería Blindada con sede en esta provincia (nota 3.204.382/100/1990). Llanos también figuraba como declarado en rebeldía mediante la resolución 34/91 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, de fecha 22 de enero de 1991. Sin embargo, Llanos nunca pudo ser detenido, ya que, violando todo sistema de seguridad, ingresó en reiteradas oportunidades al país y permaneció en Paraná en forma oculta cuantas veces se le ocurrió.

El ex oficial se instaló en la capital provincial a fines de 1986, procedente de Santo Tomé (Santa Fe), donde se casó por segunda vez y adquirió una casa en calle Candioti 382, donde actualmente reside. La vivienda figura a nombre de su esposa en el registro de propiedades de la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia, según la partida número 100.229. Llanos, que desempeñaba funciones en el Hospital Militar de Paraná -dependiente del Ejército Argentino- dejó de residir en tal vivienda a principios de 1990, cuando fue trasladado a Paso de los Libres, luego de formular severos cuestionamientos ante la superioridad, por algunas irregularidades que se estaban detectando en el nosocomio.

Volvió a Paraná en los días previos a la rebelión de diciembre, aunque nunca dejó de mantener contacto en los meses previos. Por la denuncia en su contra como sedicioso fue dado de baja de inmediato por la fuerza. Lo mismo ocurrió en los padrones de la Federación Médica de Entre Ríos, entidad que nunca hizo pronunciamiento público alguno ante la situación de su ex afiliado, como prófugo de la justicia, después de haber liderado hechos violentos y penosos para la democracia argentina.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)