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Cacería masiva: más de 100 inmigrantes indocumentados fueron capturados
Una operación conjunta de ICE y múltiples agencias estatales y federales sacudió Tallahassee, cuando decenas de trabajadores fueron detenidos en un sitio de construcción residencial cercano a la Universidad Estatal de Florida
El pasado 29 de mayo, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) ejecutó una masiva redada en varios sitios de construcción en Tallahassee, Florida, arrestando a más de 100 inmigrantes indocumentados. La operación, encabezada por ICE Homeland Security Investigations Tallahassee y apoyada por agencias estatales y federales como el FBI, la DEA y la Florida Highway Patrol, se enfocó en proyectos como el complejo residencial Perla at the Enclave, ubicado cerca de la Universidad Estatal de Florida (FSU).
Entre los detenidos hay personas originarias de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Venezuela, Colombia y Honduras. Según autoridades, esta acción busca combatir la contratación ilegal y proteger los empleos legales en Estados Unidos. El gobernador Ron DeSantis respaldó la operación, calificándola de un “gran golpe” contra la inmigración ilegal.
Sin embargo, la redada desató un intenso debate local. La Tallahassee Immigrant Rights Alliance organizó una protesta el 30 de mayo en el Capitolio del Estado, denunciando que los arrestos no representan los valores de la comunidad. Activistas y algunos funcionarios expresaron su rechazo, calificando las acciones como inhumanas y desproporcionadas.
Durante la operación, un hombre fue arrestado por resistencia a la detención y enfrenta múltiples cargos por asalto a oficiales, mientras que otro intentó atacar a los agentes. ICE también informó que varios arrestados tenían antecedentes penales o habían sido deportados previamente.
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La empresa Hedrick Brothers Construction, responsable de contratar a algunos de los detenidos, aseguró que cumple con todas las regulaciones y coopera con las investigaciones, destacando que exige a sus subcontratistas respetar los mismos estándares legales.
Esta redada se enmarca dentro de las políticas migratorias más estrictas promovidas en Florida y respaldadas por leyes como la 287(g), que permiten la colaboración de agencias estatales en operaciones federales contra la inmigración ilegal.
