CADA 48 HORAS MUERE UN CIVIL POR CULPA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Carritos de bebé vacíos usaron para recordarla en el último acto que se hizo para pedir justicia, en julio de este año. Fue muy cerca de la casita de Villa Lugano donde vivía, embarazada y con sólo 14 años. Un policía federal, acompañado por otros dos, la mató cuando disparaba su arma reglamentaria contra un grupo de chicos que se negaron a cumplir con el mandado que les había encargado: ir a comprarle droga.

Camila Arjona no llegó a darse cuenta siquiera de lo que pasaba antes de dejar definitivamente vacío el carrito que debía ocupar su bebé. Murió en la misma madrugada del 1º de abril pasado, y es por eso que su caso integra una lista de 186 personas inocentes muertas en el último año por culpa de fuerzas de seguridad argentinas o dentro de cárceles y comisarías. La cifra fue recogida por la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi), en un informe que presentará hoy a las 17 en Plaza de Mayo.

Los nuevos números, que conforman el décimo informe anual de la Correpi, serán entregados al Ministerio del Interior. De acuerdo con un anticipo, la primera conclusión es que durante 2005 hubo un aumento notable en la cantidad de muertes de este tipo. Fueron 186, frente a las 131 del año anterior. El promedio actual es de un hecho cada 48 horas (día por medio), cuando el anterior era de uno cada 60.

El informe compila los casos donde uno o más integrantes de una fuerza de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, policías provinciales y servicios penitenciarios) asesinó a una persona “que no revestía peligrosidad”. Es decir, hechos de “gatillo fácil” o muertes de inocentes al cruzarse en tiroteos.

Además, se incluyen casos de “tortura seguida de muerte” cometidos por fuerzas de seguridad. Y muertes ocurridas dentro de comisarías y penales, o por golpizas recibidas allí adentro. Es decir, donde el Estado —y sus fuerzas— debía tutelar la integridad de las personas y falló, como ocurrió con los 33 presos asfixiados en el penal de Magdalena el 16 de octubre último.

La Correpi presenta este informe desde 1983. Entre aquel año y el que termina ahora registró 1.888 casos. “Desde entonces la tendencia es creciente. Pero el incremento es mayor a partir de 1999, lo que coincide con una mayor necesidad de disciplinar y controlar ante la profundización de la pobreza”, señaló a Clarín una de las titulares del organismo, Carmen Verdú.

Según la abogada, “salta a la vista que este año hay un incremento notable, en un Gobierno que se posicionó como defensor de los derechos humanos”. Según sus cálculos, durante la actual gestión (iniciada el 25 de mayo de 2003) hubo 420 casos, aunque muchas de esas muertes fueron a manos de fuerzas de seguridad del interior u ocurrieron en cárceles provinciales.

El 44 por ciento de todos los casos correspondió a muertes ocurridas en lugares de encierro. El resto se repartió, entre otros ítems, en diferentes formas de “gatillo fácil”: 23% fueron “fusilamientos de presuntos ladrones”; el 14%, agentes que mataron a vecinos o familiares en discusiones; y el 3,6%, asesinatos de terceros inocentes en tiroteos.

En cuanto a los números de este año (se toma en cuenta desde el 10 de diciembre de 2004 hasta hoy), el 65 por ciento de las víctimas fueron hombres y mujeres de entre 15 y 25 años. Si se toma otro parámetro, el 76% tenía menos de 18 años.

El informe también determina la frecuencia de casos en los distintos puntos del país, en proporción con la cantidad de habitantes. De allí surge, por sexto año consecutivo, que la provincia de Santa Fe es donde más se registran. Catamarca, la provincia de Buenos Aires y La Pampa son los siguientes distritos. Luego vienen Corrientes, Córdoba, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.