“Cada llamado no es una broma”

Lo manifestó Juan Cruz Giménez, responsable de la Regional IV del Ministerio de Educación, ante las reiteradas amenazas de bombas en establecimientos escolares. Asimismo dio cuenta de las medidas que se aplican en los ámbitos educativos, desde la expulsión hasta la reparación.

Juan Cruz Giménez (LT10)

A la seguidilla de alertas por amenazas de bomba en diferentes establecimientos educativos, este martes por la mañana se sumaron los colegios Inmaculada, Calvario y La Salle. Luego de los procedimientos de rigor, llevados a cabo por la Policía y Bomberos, en los tres casos se normalizó la situación. No obstante, la repetición de los casos merece la reflexión y la atención por parte de las autoridades. “El Estado santafesino en su conjunto reacciona cuando tenemos un riesgo como es una amenaza, en este caso en edificios escolares. Cada llamado no es un broma y se toma con total celeridad para los pasos de protección del edificio y de la vida de las personas”, expresó Juan Cruz Giménez, responsable de la Regional IV del Ministerio de Educación de la provincia, al ser consultado por LT10.

En ese contexto, el funcionario hizo hincapié en que desde la cartera educativa se ha tomado “total precaución” ya que “estas cuestiones pasan a tener una intensidad y deja de ser una situación menor para provocar una alteración de la vida escolar”.

Asimismo, destacó que en varios casos fueron identificados los responsables. “En varios casos se repite la situación que son alumnos de la propia escuela. Por una cuestión legal –explicó– y por la edad de la persona que hace el llamado, nos involucramos directamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) o con la Policía de Investigaciones (PDI), sobre todo por el delito de intimidación pública”.

Acerca del abordaje de la problemática en los ámbitos educativos, Giménez apuntó al “trabajo con el grupo familiar”. “Porque si bien, aún no se es mayor de edad –argumentó– en el caso de los alumnos, no podemos más que llamar la atención pero, además, continuar con la investigación para que una persona al menos tenga que hacerse responsable de que es una situación que no es broma ni se puede repetir y que tiene un alcance en el Código Penal”.

En relación con las debidas sanciones, la mayor sería la expulsión del alumno el establecimiento en cuestión. Lo cual “no deja de ser un problema porque debe terminar su ciclo educativo y no siempre se resuelve sacándolo de la escuela”. Otra situación remite a “la reparación para entender lo que ese alumno ha provocado en función de su accionar sobre el resto del ámbito educativo”, expresó el funcionario y subrayó que en todos los casos se trabaja “con la familia”.

Cerca de las 11.30, se produjo una nuevo llamado. Esta vez en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe -ubicado en 9 de Julio en inmediaciones con Tucumán-, se identificó a una adolescente que había realizado la comunicación. Fue acusada de intimidación pública y se le aplicaría arresto domiciliario.

En virtud de la propia identificación de la menor de 16 años, el juez de Menores Estanislao Surraco señaló –en contacto con la misma emisora– que está particularmente abocado a la amenaza al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. “Está individualizada una adolescente que ya está en el juzgado. Es un tema que preocupa. Hay veces que no es fácil entender bien la tarea del juez de Menores. No tenemos el mismo modo de operar y de abordar una situación que un juez de adultos”, precisó.

Estanislao Surraco (LT10)

Dicho en otros términos, “estar en presencia de adolescentes, la mirada es distinta, la madurez del adolescente es distinta. Eso nos hace tener una mirada no tan fuerte”. De todas formas, el magistrado apeló a la concientización de los adolescentes porque “esto parece una broma, pero la broma es algo serio. Se pierde un día de clases y, además, se amenaza con un peligro concreto, real. Y es un delito –remarcó–, es el delito de intimidación pública que está en juego”.

En ese sentido, Surraco enfatizó que se trata de una causa penal. “Lo que parece una broma termina siendo una proceso penal que se abre. Después los fiscales hacen los respectivos requerimientos. Entonces, por una broma –insistió–, tenemos una adolescente que transita un proceso judicial, lo cual no es pavada”.

Finalmente, el juez apuntó a un replanteo por parte de los padres. “Como padres tenemos que replantearnos con nuestros hijos, de que es una broma, pero es una broma seria. Con ciertas cosas no se juega –adujo–. Desde la Justicia tratamos de dar una contención, de llamar a la concientización para que estos chicos piensen que lo que hicieron es grave”, definió.