CAJA OTORGANTE: EL CÓMPUTO RECÍPROCO GENERA DUDAS EN EL SENADO
El oficialismo y la oposición -con los matices del caso- coincidieron en la última sesión del Senado en mostrar preocupación por la forma en que se liquidarán las futuras jubilaciones de quienes han hecho aportes a más de un organismo previsional.
Patricia Sandoz (PS-Rosario) presentó un extenso pedido de informes y Juan Carlos Mercier (PJ-La Capital) propuso a sus pares y a la presidencia del Senado que sea invitado el titular de dicho organismo, Humberto Giobergia, para que los legisladores cuenten con una explicación directa del funcionario santafesino.
La reunión -que aún no tiene fecha ni horario- será en realidad la concreción de otra anterior, que resultó frustrada por un desencuentro entre los senadores y el funcionario, debido a una demora fortuita. En dicha reunión iba a tratarse, justamente, el problema planteado por Sandoz en su cuartilla con cuatro preguntas: el cómputo recíproco y sus complicaciones eventuales para el futuro jubilado.
Mercier dijo que el cambio propuesto a nivel nacional puede convertirse en “una operatoria imposible de llevar adelante”, si es que cada pasivo debe encargarse de hacerlo, más allá de que le parece un principio acertado el que cada caja receptora de aportes se haga cargo de la parte del haber correspondiente. La Presidencia de la Cámara de Senadores se comprometió a acordar la reunión con Giobergia.
Cuatro años
En 2002, se sancionó a nivel nacional la ley N° 25.629, que dispuso fuertes modificaciones con respecto de las jubilaciones de aquellos que -a lo largo de sus vidas laborales- hicieron sus respectivos aportes a más de una caja. Hasta ahora, la que había resultado destinataria del mayor número de años de aportes era aquella que debía encargarse del nuevo pasivo: el sistema es conocido como el de Caja Otorgante.
La ley mencionada estuvo en espera para su aplicación durante varios años y, en el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, entrará en vigencia el próximo 2 de setiembre, según el Convenio N°49 del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Más allá de que Santa Fe no adhirió, sí lo hicieron un número de cajas provinciales que convertirían en obligatoria su aplicación universal.
En los fundamentos del pedido de informes, Sandoz recuerda un concepto clave: “La jubilación constituye la prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la actividad laboral como deuda de la comunidad por el servicio prestado”.
La senadora socialista pregunta en el articulado “en qué situación quedará la provincia de Santa Fe a partir del próximo 2 de setiembre, al entrar en vigencia el Convenio Nº 49/2005, que específicamente dispone en su artículo 31 que `pasado un año de la fecha de la presente resolución (…) concluirá la vigencia de los anteriores regímenes”, al cual, a la fecha, nuestra provincia no ha adherido. ¿Cómo se organizará la coordinación entre las distintas jurisdicciones provinciales y municipales que no adhieran al sistema propuesto por la ley nacional?
Factibilidad
El pedido de informes de la oposición -que la Cámara aprobó sin demoras- requiere un “diagnóstico institucional detallando: situación previsional en la provincia de Santa Fe; análisis constitucional y factibilidad normativa de la aplicación del régimen de coordinación propuesto; derechos y principios garantizados por el nuevo sistema normativo; estimación de la población afectada y estimación económica presupuestaria correspondiente a la jurisdicción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia por la reforma establecida por la ley nacional; acciones administrativas necesarias para la coordinación interjurisdiccional”.
También, que se informen las “consultas realizadas e información remitida al conjunto de los/as afectados/as, organizaciones gremiales, juristas, personal de la Caja, consultores previsionales, etcétera, con motivo de la reforma propuesta por la normativa de referencia”.
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