CALIFICAN DE INFRAHUMANO EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRAN DETENIDOS LOS PRESOS EN SANTA FE

“Infrahumanas”. Así calificó el juez de Instrucción Julio César Costa a las condiciones en que se encuentran detenidas alrededor de 275 personas en la Alcaidía de la Jefatura de Policía y en las distintas seccionales del departamento La Capital, que dependen de la Unidad Regional I (URI).

Por ese motivo, ordenó que se tomen las medidas necesarias para que, en un plazo de siete días, se respete la capacidad máxima de alojamiento de cada uno de estos centros y se mejoren las condiciones generales en que viven los detenidos. En este sentido, el juez elevó esta disposición al jefe de la URI y al director provincial de Institutos Penales, como responsables de la situación.

Según un informe de la Sección Medicina Legal de la policía, en estos centros de detención se comprobó la existencia de alojados con patologías infecto contagiosas, como micosis plantar, afecciones dermatológica, angina roja y “lesiones pustulosas”.

Diez días después de que la Cámara de Apelaciones en lo Penal ordenara a los magistrados que controlen “la eventualidad de que el encierro presente características de agravamiento ilegítimo de la detención” en dependencias policiales del departamento, Costa inspeccionó los distintos centros donde se alojan presos.

Luego de la advertencia de la Cámara, la policía tomó medidas para respetar la capacidad máxima de la Alcaidía. En realidad, las instalaciones están preparadas para alojar a 132 personas, pero a principios de este mes el número de presos llegaba a 165.

Ayer por la mañana, en la Alcaidía estaban alojados 129 presos, pero indefectiblemente el resto debió ser distribuido en las distintas comisarías cuya capacidad también está excedida y que no están preparadas a nivel edilicio para seguir soportando esta situación.

El juez plantea que esta realidad no sólo representa un riesgo para los detenidos, sino también para los policías a cargo de la custodia.

“Lo único que podemos hacer nosotros es distribuirlos de la mejor manera posible, pero no tenemos dónde alojarlos. La solución deberá llegar desde el Servicio Penitenciario de la Provincia”, reconoció una alta fuente policial.

LA “PIOJERA”

A la Alcaidía de Jefatura se la conoce popularmente como la “piojera” por las características del lugar. El juez Costa consideró que, más allá del número de personas que se alojen en el lugar, “no podemos dejar de hacer referencia a las condiciones en que se cumplen las detenciones.

“Los pabellones de planta baja se encuentran en condiciones higiénicas inaceptables… resultan absolutamente inapropiados para alojar tal cantidad de personas, advirtiéndose la inexistencia de un número insuficiente de cuchetas… Los que exceden la capacidad deben dormir sobre mantas en el piso húmedo”, observó el magistrado.

Con relación a los sanitarios, Costa remarcó que existe uno por pabellón, “de reducidas dimensiones, en un estado higiénico inadecuado”. Claro que “resulta difícil lograr una limpieza apropiada teniendo en cuenta la marcada desproporción entre el número de baños (8) y la cantidad de personas (132)”.

Pero además, “se ve afectada la privacidad de las personas allí alojadas para atender sus necesidades fisiológicas, ya que el acceso a tales sanitarios no tienen el suficiente resguardo -no hay puertas-, lo que sumado a la escasa ventilación del lugar y falta de adecuada limpieza hacen totalmente insoportable la permanencia… Las condiciones son infrahumanas”.

Esta realidad “incide directamente sobre el normal estado de detención que les corresponde a los internos allí alojados y afecta la condición humana de quienes permanecen en el lugar”.

EL MARCO LEGAL

El juez Costa recordó que “la situación viola la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado internacional con rango constitucional que señala los derechos que corresponden a toda persona que se encuentre privada de su libertad respecto a su integridad física, psíquica y moral”.

Lo mismo ocurre con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos citado por la Cámara de Apelaciones en su informe del 7 de este mes.

Pero esto no es todo. Costa lamentó que la situación se mantenga casi sin variantes con el correr de los años a pesar de los llamados de atención de la Justicia, violando el artículo 18 de la Constitución Nacional donde se establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Asimismo, se viola el artículo 43 de la Carta Magna que se refiere al “agravamiento ilegítimo de las condiciones en que se cumple el estado de detención de las personas”.

RECORRIDA

En su recorrida, el juez Julio César Costa detectó dos excepciones en cuanto al mal estado en que se encuentran los detenidos: la comisaría 16 de Recreo y la Estación Tránsito de Mujeres.

Ante el planteo judicial, desde la URI se elevó un informe de la situación a la Jefatura de Policía de la Provincia.

ADVERTENCIA DE LA CÁMARA DE APELACIONES

A principios de este mes, el camarista Carlos Guillermo Estrada inspeccionó distintos centros de detención de la ciudad. Fue entonces cuando advirtió acerca de la superpoblación carcelaria en dependencias policiales, realidad que se mantiene constante desde hace varios años.

Esto hizo que la Cámara de Apelaciones en lo Penal -integrada por Julio César Rondina, Daniel Rucci, Carlos Villar, Carlos Echauri, Pedro Sobrero, Agustín Bassó, Sebastián Creus, Eloy Suárez, Carlos Estrada, Julio De Olazábal y Daniel Amadío- instruyera a los jueces penales para que, “como garantes del respeto a las condiciones de privación de libertad de personas a su disposición”, adopten las medidas pertinentes para que esto no vuelva a suceder.

El texto de la acordada firmada por los camaristas aclaraba que “no se trata aquí de la búsqueda para las personas detenidas de comodidades inalcanzables quizá para gran parte de nuestra población, sino sólo de requerir la satisfacción de necesidades que se consideran mínimas. Es que el Estado, al privar de libertad a personas, se compromete a ello, e, incluso, asume responsabilidades internacionales cuyo incumplimiento puede causarle serios perjuicios”.