CAMBIOS EN LOS PROCESOS POR MALTRATO INFANTIL

Una diputada provincial propone crear gabinetes de equipos interdisciplinarios especialmente preparados para intervenir en la investigación y el tratamiento de las causas judiciales con niños que son víctimas de maltrato y abuso sexual. Si la idea prospera, los jueces y sus empleados ya no realizarían esa tarea y ni siquiera se encargarían de interrogar a las víctimas. La iniciativa plantea además la eliminación lisa y llana de algunas prácticas procesales como el careo, e impulsa la creación de espacios físicos especiales dentro de los Tribunales provinciales para la realización de medidas tan elementales como escuchar a los pequeños el relato de sus penurias.

El proyecto que la diputada Lucrecia Aranda presentó en la Legislatura provincial apunta a reformar el Código Procesal Penal santafesino para adaptarlo a una ley nacional que entró en vigencia en enero de este año. La idea es crear condiciones especiales para el tratamiento de las víctimas de maltrato y abuso sexual infantil como un modo de garantizar el resultado cuando se trata de averiguar lo que pasó y evitar nuevos daños.

“Los niños que sufrieron maltrato o fueron abusados sexualmente son sometidos a múltiples interrogatorios por distintos funcionarios judiciales, y lo que corresponde es que sean escuchados en un ámbito adecuado y por personas específicamente preparadas para esta tarea”, explicó la legisladora a La Capital.

Aranda cree que es necesario revisar y actualizar la legislación vigente en la provincia en esta materia y sostiene que el objetivo primario de la intervención de los especialistas debe estar dirigido a aliviar el dolor de las víctimas y evitar que al narrar los hechos vuelvan a ser víctimas de los adultos.

De hecho, una de las metas primordiales es garantizar la protección integral del niño, pero también el esclarecimiento de los hechos y la sanción del responsable, abunda la diputada.

“Estos objetivos no se cumplen con el sistema actual”, sostuvo. Citando al juez Carlos Rozanski, inspirador de la ley nacional y uno de los especialistas más reconocidos en la materia, añadió: “Pretender que un niño o niña se siente ante un tribunal y cuente su historia, más que absurdo es cruel”, dijo. Para Aranda, no se cumplirá así con la obligación de brindar protección integral a la víctima.

La legisladora recuerda que, según los expertos en la materia, con sus palabras y sus cuerpos los niños informan detalladamente sobre aquello que les ocurrió. “Sólo hay que saber escuchar y mirar”, dice. Sin embargo, para interpretar esa información hay que estar preparados y por eso se necesitan profesionales de distintas disciplinas.

Un gabinete de especialistas reemplazaría a los jueces y sus empleados en el tratamiento de estos casos si el proyecto de Aranda finalmente prospera. “Todas las prácticas inadecuadas perjudican a las víctimas infantiles, aumentan su dolor y sufrimiento, y afectan el esclarecimiento de los hechos”, dice en los fundamentos del proyecto. También se recalca le necesidad de dar al tema un tratamiento de género cuando las víctimas son niñas. “Si no se respetan las características particulares de una víctima, se corre el riesgo de silenciarla, de que modifique su relato o, en el peor de los casos, hasta que se retracte”. La consecuencia es la impunidad para el responsable y la más absoluta desprotección del niño.

Respecto del careo, la legisladora sostiene que debe prohibirse porque al enfrentar a la víctima infantil con el victimario adulto hay una asimetría que perjudica claramente a la primera. “Estos careos son ilegales porque violan la Convención de los Derechos del Niño”, se lee en el proyecto, que varios legisladores -entre ellos algunos del justicialismo- ya se comprometieron a debatir en ambas cámaras.