Campesinos de Gato Colorado resistieron intento de desalojo
Un grupo de más de treinta pequeños productores campesinos, acompañados por su abogado Iván Bordón y militantes de la CTA Rafaela, habrían resistido el intento de desalojo hacia una familia de apellido Barberis -quienes habitan el campo desde hace tres generaciones y que ya fueron desalojados en otra oportunidad- de su campo ubicado en la zona de El Palmar, 35 kilómetros al noroeste de la localidad de Gato Colorado en esta provincia.El hecho, fue informado oficialmente por la CTA Castellanos en un comunicado, organismo que conduce como secretario general Juan Soffietti -quien incluso aparece en muchas de las fotos recibidas-, y a esa fuente nos remitimos.
LO NARRADO
Según señala el informe, el hecho ocurrió este domingo 20 de septiembre cerca de las 8:00, horario en que habrían ingresado al campo alrededor de 150 efectivos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe, entre los que se habrían encontrado efectivos de la Policía y personal de Bomberos de las Seccionales Vera y 9 de Julio, Guardia Rural Los Pumas, ambulancias, Infantería, “entre ellos Daniel Alcaraz, ex jefe de la UR V” (sic) y efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) procedentes de la ciudad de Rosario.
El parte remarcó además que, “las fuerzas de Seguridad llegaron al lugar en patrulleros, trafics y camiones de asalto. Además, si bien no se hizo presente en el lugar, se conoció que en la localidad de Tostado se habría encontrado apostado un helicóptero”.
Así, alrededor de 70 efectivos entraron al campo por el ingreso principal y a pie, ya que durante la madrugada, las familias de campesinos que desde las 22:00 del sábado se encontraban en el lugar, cruzaron un tractor sobre la
tranquera y le quitaron una rueda para impedir el ingreso de los vehículos policiales que a partir de las 3:00 del domingo habían comenzado a patrullar por la zona y luego dieron inicio a un operativo cerrojo sobre todos los caminos aledaños al campo de la familia Barberis imposibilitando la circulación, el ingreso y la salida de cualquier vehículo.
El resto de los efectivos de las fuerzas de seguridad allí presentes habrían ingresado por el acceso trasero al campo, acompañados de trafics, patrulleros y camionetas, dejando así rodeados a los pequeños productores
campesinos agrupados dentro de la Asociación Civil de Campesinos Dpto. Vera y 9 de Julio que preside Cacho Barberis (a quien se intentaba desalojar) y quienes son defendidos por el abogado Iván Bordón.
RESISTENCIA
Los campesinos allí presentes -siempre según la información recibida- junto al abogado Bordón y militantes de la CTA de los trabajadores de la ciudad de Rafaela, entre ellos su secretario general Juan Soffietti, cercaron la vivienda de Barberis con los autos y camionetas con los que contaban y se ubicaron dentro de dicho cerco para impedir el ingreso a la vivienda y resistir pacíficamente el desalojo, fotografiando y filmando los hechos.
Las fuerzas de seguridad mencionadas, con escudos, cascos, armas, un efectivo que filmó todo el proceso y otro que tomaba fotografías, formaron a diez metros de la vivienda y los jefes de cada una de las fuerzas presentes acompañaron al juez Federico Nicola hasta allí para informar a los campesinos que iban a llevar a cabo el operativo de desalojo.
Luego de que el juez Federico Nicola leyera la orden de desalojo, el abogado de los campesinos Iván Bordón denunció la ilegalidad e irregularidad del operativo y señaló que la medida que se estaba tomando era ilegítima e
injusta ya que viola la Ley provincial 13.334 (aprobada por unanimidad en 2013 y que prohíbe los desalojos por 5 años), y que las familias de campesinos allí presentes, que habían apelado la medida, “se encontraban
defendiendo su legítimo derecho a la tierra e iban a hacerlo pacíficamente, hasta las últimas consecuencias, pero decididos también a poner en juego su vida si fuera necesario”, cita el informe de la CTA.
El abogado Bordón habría señalado además que los pequeños productores campesinos se encuentran amparados por la Ley de Usucapión que otorga la posesión de la tierra a quienes la habiten por un período mayor a veinte años y denunció que el procedimiento que pretendían concretar las fuerzas de seguridad junto al juez Nicola era ilegítimo ya que debía realizarse, de acuerdo al protocolo establecido, cuando lo determinara el juez y avisando con anterioridad a quienes vayan a ser desalojados.
En este caso -siempre según la CTA- el Juez dio la libertad a las fuerzas de seguridad que establezcan ellos el día en que se realizaría el operativo de desalojo y la familia Barberis no fue anoticiada de que se iba a llevar a cabo. De esta manera, los campesinos mediante el abogado Bordón, apelaron la orden de desalojo y exigieron el protocolo de actuación para estas situaciones.
TENSIÓN
La negociación fue tensa pero en todo momento pacífica por parte de los pequeños productores campesinos y duró aproximadamente una hora y media.
Concluyó con el retiro del juez Federico Nicola junto a las fuerzas de seguridad presentes sin haber podido concretar el operativo de desalojo.
Tras finalizar el operativo, el abogado Bordón deslindó las responsabilidades políticas del intento de desalojo y señaló los roles de “Gerardo Chamount, subsecretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, el subsecretario de Seguridad Pública -que diseñó el operativo- del ministro (de Seguridad) Lamberto y, del gobernador Bonfatti. Ni los operativos contra el narcotráfico tienen características como este”, dijo Bordón.
Estos operativos de desalojo como los que intentaron realizar el domingo en el campo de la familiar Barberis, se producen sistemáticamente contra las más de sesenta familias de campesinos agrupadas en la Asociación Civil
Campesinos Dpto. Vera y 9 de Julio. Según afirma la CTA Castellanos en su comunicado, “En ocasiones las fuerzas de seguridad no sólo desalojaron a los campesinos sino que también les incendiaron la vivienda y sus pertenencias para que no vuelvan a instalarse en el lugar”.
La causa judicial que sustenta este intento es “Adrover, Juan C. / Barberis s/ medida cautelar”, Expte. Nº 554/2011, que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito Nº 15 en lo Civil, Comercial y Laboral de Tostado, a cargo de la jueza Haidé Regonat.
Fuente: La Opinión
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