CANCILLERÍA ESPERA EL RECLAMO FORMAL DEL JUEZ PARA PEDIRLE A CHILE LA EXTRADICIÓN DE MENEM

La orden de captura internacional y el pedido de extradición del ex presidente Carlos Menem serán enviados recién en las próximas horas por el juez federal Jorge Urso a Interpol y a Cancillería, respectivamente, por una demora que hubo ayer con la certificación de su firma.

Ambos oficios esta mañana aún no habían sido remitidos debido a que a última hora de ayer no pudo encontrarse a nadie en la Cámara Federal para certificar la firma del magistrado en los exhortos, un requisito que marca la ley, explicaron hoy fuentes del juzgado.

Urso ordenó ayer la detención internacional de Menem, quien reside en Chile, en una causa por “administración fraudulenta”, a raíz del supuesto pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles en el conurbano bonaerense y anticipó que pedirá su extradición.

Una vez que Interpol Chile reciba de su par argentina el pedido de detención, un juez chileno deberá decidir si le permite a Menem seguir en libertad mientras dure el trámite de extradición, que deberá tramitarse en la Corte Suprema del país vecino.

Sin embargo, se descuenta que Menem no será detenido -o pasará en prisión muy pocas horas- porque en Chile debe resolverse primero la cuestión de fondo, es decir, si hubo delito, antes de decidirse la extradición.

En el pedido de extradición -que seguramente luego será ampliado a requerimiento de la justicia chilena- Urso explicará que durante cuatro meses Menem eludió citaciones a declaración indagatoria en la causa por las irregularidades en la construcción de dos cárceles, en Ezeiza y Marcos Paz.

Se trata de dos causas conexas que investiga el mismo juez referidas a la presunta participación que habría tenido el ex presidente en irregularidades denunciadas en el proceso de contratación con licitación pública nacional e internacional de la construcción de los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz.

Estos datos están incluidos en el exhorto, donde se detalla también que tras esa licitación un decreto presidencial, el 203 del 19 de febrero de 1998, aprobó la contratación de un consorcio empresarial formado por “Techint-Hotchief ZG, Imprefilo SA-Iglys SA”, para la construcción de los penales “llave en mano”.

La obra se construyó en terrenos del Estado y éste se comprometió a pagar a las empresas en concepto de “alquiler” de las cárceles por 15 años con opción a compra una “suma fija e inamovible de 4.650.000 dólares” por trimestre, más IVA. En 15 años significaría para el Estado una erogación de unos 300 millones de dólares, en un monto que según calculan los denunciantes está sobrevaluado en por lo menos 60 millones.