CÁRCELES Y RESIDUOS LEJOS DE CASA, OTRA PARADOJA ARGENTINA

El anuncio de la construcción de una cárcel produce en algunos sectores de la sociedad un efecto similar al que provoca la instalación de un ámbito para disponer de los residuos urbanos. En ambos casos se construye la misma paradoja de tono individualista: la ciudad limpia pero con la basura lejos de “mi” patio, los delincuentes encerrados pero nunca en una cárcel emplazada en “mi” barrio. Lejos de que la analogía resulte poco feliz –la idea no es comparar personas con desechos aunque los actuales lugares de detención convierten a los convictos en verdaderos despojos humanos–, el fenómeno se reedita cada vez que se anuncia un penal o alcaidía en cercanías a alguna comunidad. Los especialistas señalan que la mayor responsabilidad es del Estado, porque debe diseñar políticas penitenciarias integrales coherentes, “no improvisadas”, y a través del consenso con el conjunto la comunidad.

Para Antonio Tesolini, miembro de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), las reacciones ocurridas en La Gallareta, Piñero o Melincué, donde la población se opuso en forma terminante a la localización de cárceles o institutos para menores, muestran a las claras “actitudes esquizofrénicas” de la sociedad. “La gente demanda en forma urgente que se resuelva el problema, tanto desalojando las comisarías de detenidos como encerrando a todo el que delinque, pero cuando aparece una solución tienen la postura «que a mi no me toque»”, señaló. Con respecto a la negación que expresaron vecinos del distrito sudoeste de disponer de un espacio público para construir una alcaidía, el militante diferenció: “En ese caso la gente no se opone a tener detenidos en el barrio, sino a que les ocupen el lugar destinado a un parque”.

De todas formas, Tesolini responsabiliza directamente al Estado por la falta de políticas integrales ya que los gobiernos de turno “sólo ponen parches o toman medidas cosméticas” para encausar un tema tan conflictivo como el de la seguridad, que también incluye medidas penitenciarias . “Hay que desviar la discusión que se centra en la antinomia cárcel sí o cárcel no, porque lo único que se logra es aumentar la reacción conflictiva de la sociedad”, dijo para luego advertir que con los últimos anuncios planteados por el gobierno provincial se corre el riesgo de “depositar detenidos en lugares más amplios, donde se reproducen las mismas condiciones infrahumanas que actualmente existen en las comisarías”.

Por su parte, el abogado penalista Daniel Cuenca analizó esa actitud que se expresa en vecinos de distintas localidades, que exigen el encierro de los delincuentes y luego se oponen a que esos espacios se emplacen cerca de sus residencias. “Es realmente contradictorio. La gente pide más penas, más sanciones, cada vez más encierro, más castigos, para tener personas sufriendo cada vez más”, señaló el especialista para luego advertir: “Quienes niegan la construcción de una cárcel en lugares cercanos a sus comunidades no entienden que aunque llevemos los presos bien lejos, a Ushuaia por ejemplo, en algún momento van a salir”, remató el letrado. En la misma línea Cuenca dijo que contrariamente a lo que supone la ciudadanía, “un penal provoca seguridad en el ámbito urbano o rural donde se localiza, también mejora la calidad de vida de las comunidades”. Un ejemplo claro es la actitud que asumieron los habitantes de Coronda –localidad en la que existen varias generaciones que inclusive trabajan en el penal– que propusieron la construcción de una cárcel federal. Además, Cuenca aclaró que sólo deben instalarse lejos de la población los penales de máxima seguridad, y que las demás deben ser unidades penitenciarias cercanas a los ejidos urbanos.

El criminólogo e integrante del Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos (Ceidh), Enrique Font consideró que esa actitud de la sociedad no es contradictoria sino “conservadoramente coherente”. Para explicar el concepto, el especialista señaló que está comprobado y estudiado –inclusive por criminólogos de trascendencia internacional– que la cárcel “es un factor estructural de producción de delincuencia”, una realidad que está muy lejos de los fines formales de la reclusión para la reeducación o la reintegración a la sociedad. “Lo que finalmente ocurre con las actuales condiciones es que se promueve la redegradación y la revictimización de los detenidos”, dijo para luego citar el ejemplo de la provincia de Buenos Aires donde “existen espacios esponsorizados donde se violan todos los derechos y además, existen funcionarios penitenciarios que proveen oportunidades delictivas”. Por esa razón, cuando la gente pretende un penal o alcaidía lejos de su casa, lo que está pidiendo es “enviar al que delinque lo más lejos posible, bien afuera de la sociedad y al margen de las reglas de juego”, así se lo incapacita para seguir dañando y al mismo tiempo se disuade para que otros no cometan delitos.

“También hay que destacar que nuestra sociedad tiene una ecuación muy llamativa con respecto a lo que reconoce como Justicia. Porque para reparar un daño o sufrimiento causado considera que debe imponerse un daño o sufrimiento equivalente”, concluyó.

Cuando la oposición a las rejas se relaciona con el pedido de espacios de contención

Tanto el criminólogo Enrique Font como el integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) Antonio Tesolini coincidieron en diferenciar la actitud de los vecinos del distrito sudoeste –quienes no quieren que se construya una alcaidía en el espacio público previsto para emplazar el Parque Bartolotto, al lado de la Jefatura de Policía– con el de otros ciudadanos que francamente se oponen a la localización de un penal, cárcel o alcaidía en cercanías a su residencias.

Un parque para el barrio

“Allí el reclamo es otro”, reconocieron ambos. Por su parte, Gustavo Orrego, de la misma comunidad donde está ubicada la ex fábrica militar Domingo Matheu, advierte que el distrito sudoeste “no posee espacios públicos” destinados a recreación y esparcimiento, situación que afecta a más de 10 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.

“En las ultimas décadas cerraron gran cantidad de fabricas y talleres, se trajo la Jefatura en lugar del parque tecnológico propuesto por los vecinos y en la zona se encuentra una planta aceitera de Santa Clara con permanente emisión de gases y con la novedad de los grandes incendios”, señaló Orrego, quien además aclaró que a través del presupuesto participativo se eligió como principal prioridad la creación del parque Monte Bartolotto.

“Nosotros no nos oponemos a la alcaidía pero no la queremos en el parque. En todo caso que la emplacen en la misma Jefatura”, dijo el vecinalista para luego concluir:

“Tampoco queremos más improvisación de parte del gobierno provincial, que anunció su proyecto sin consultarnos y sin entender nuestras necesidades. Además, no somos irresponsables ni irracionales porque sufrimos la inseguridad todos los días y sabemos que hacen falta lugares de detención. Pero también necesitamos parques y bibliotecas para contener a nuestros chicos”.