CARRIÓ DENUNCIÓ QUE LA CAMPAÑA DE KIRCHNER TUVO FONDOS ILEGALES

El presidente Néstor Kirchner financió su carrera hacia la Casa Rosada con aportes de empresas pesqueras de la Patagonia que nunca declaró a la Justicia. Los principales aportantes, que recibieron beneficios económicos e impositivos a cambio de su colaboración, están sospechados del asesinato de un competidor.

Estas son las principales conclusiones del informe presentado ayer por la líder de ARI, Elisa Carrió, y los diputados nacionales Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires) y Fabiana Ríos (ARI-Tierra del Fuego), que ahonda en el financiamiento de las campañas y los presuntos incumplimientos del binomio Kirchner-Scioli a la ley que regula los aportes electorales.

El texto es el segundo capítulo de las investigaciones de Carrió. El 4 del actual, la ex diputada presentó el primer informe, en el que vinculó a Juan Alvarez Cornejo y Fernando Alvarez Castellano, dueños de la pesquera Conarpesa, acusados por la Justicia de instigar el asesinato del empresario Raúl Espinosa, con la financiación de la campaña de Néstor Kirchner.

En todo momento Carrió aclaró que desvinculaba al Presidente de la muerte del empresario. Por su parte, allegados a Conarpesa adelantaron a LA NACION que mañana desmentirán las acusaciones en una solicitada titulada “Basta de pescado podrido”. Explicarán que Conarpesa es “una empresa argentina, con inversión propia y sin privilegios”, y que jamás hicieron aportes a la campaña presidencial. “Quien dice esto, miente”, definirá la carta.

Carrió y sus colaboradores presentaron sus pruebas sobre ese presunto vínculo. Según el informe, Espinosa, dueño de Pesquera San Isidro, asesinado en enero de 2003 por presunta orden de los Alvarez, entregó $ 60.000 a Rudy Fernando Ulloa, ex secretario privado de Kirchner y actual director del Centro Comunitario del Carmen, dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz, como aporte para la campaña.

Ocultamiento

También hubo “pago en especies”, según Carrió. El equipo de básquet de la pesquera, que participa en competiciones oficiales, utilizó durante toda la campaña electoral camisetas con la inscripción “Kirchner 2003”. “El propio apoderado de la empresa (Conarpesa), Ernesto Azpillaga, confirmó en su momento a que él había acordado los detalles de esta ayuda con un grupo de punteros kirchneristas”, reza el texto.

El informe vincula estos aportes con la resolución 73/04, que “benefició a las empresas congeladoras españolas y permitió la depredación de los recursos pesqueros argentinos”.

Se cita el caso de la directora Regional Aduanera de Comodoro Rivadavia, Beatriz Carballal, despedida tras cuestionar mediante resoluciones internas la actuación de Conarpesa por maniobras de evasión fiscal, y reemplazada por Ricardo Echegaray, ex socio de Ulloa, uno de los recaudadores de la campaña.

“Esto hay que investigarlo. Era la única persona que estaba trabajando para llegar a la verdad y fue apartada”, dijo Pérez a LA NACION.

El informe también puntualiza las resoluciones 398/03 y 824/03 de la Secretaría de Energía de la Nación que, en teoría, beneficiaron a las petroleras. Carrió también pidió a la Justicia Electoral que investigue si hubo infracciones a la ley de financiamiento de partidos políticos.

La embestida de Carrió no terminará allí. En un mes, la líder de ARI hará un informe final sobre la situación del sector pesquero y otro sobre los recursos energéticos nacionales.