CASI 3500 EMPLEADOS PÚBLICOS COBRABAN COMO DESOCUPADOS

Trabajan como empleados públicos en sus provincias o son agentes policiales, pero igualmente -en algunos casos durante varios meses- cobraron los $ 150 asignados por el Programa Jefes y Jefas de Hogar, destinado a aliviar la situación de las personas desocupadas. Se trata de 3434 personas que fueron denunciadas penalmente en los últimos días por la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y que funciona en el edificio que es sede central de la Anses. La irregularidad fue descubierta al hacerse el cruce de datos entre las planillas de empleados públicos provinciales y las de beneficiarios del mayor programa social del Gobierno. El Ministerio de Trabajo dio de baja a los involucrados a medida que iba descubriendo las irregularidades.

Según informó Marijuán en diálogo con LA NACION, fueron denunciados 1249 casos en Santiago del Estero (18 policías, 145 empleados públicos y 1086 cónyuges de empleados públicos), 295 en Córdoba (entre empleados actuales y jubilados de la administración pública), 187 en Catamarca y 145 en Río Negro.

También se denunció el cobro no procedente de los subsidios por parte de 37 agentes de la policía en San Juan y 74 empleados públicos en Neuquén. En Salta, en tanto, se descubrieron inicialmente 1146 casos, a los que luego se agregaron 221 y más recientemente, otros 80.

En promedio, según dijo Marijuán, estas personas cobraron los beneficios del plan durante un año, por lo que el perjuicio al Estado equivale a aproximadamente unos $ 6,2 millones, un monto que deja de llegar a otras personas que “seguramente se encuentran en situación de extrema pobreza y que no han podido acceder al plan cuando ello les correspondía”, según reza el texto de las denuncias.

¿Por qué no se descubrió antes? Hasta ahora, según explicó Marijuán, el gobierno nacional tuvo dificultades para obtener las bases de empleados provinciales y estatales. Incluso hay limitaciones en el caso de las provincias que habían transferido -algunas hace ya una década- sus cajas jubilatorias al régimen previsional nacional.

En rigor, la Ufises recibe la mayor parte de la información sobre los casos dados de baja por irregularidades, desde la Secretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo, y luego evalúa si corresponde hacer denuncias. Un funcionario de esa área explicó a LA NACION que, desde que funciona el plan, se instrumentaron dos procedimientos diferentes para procurar que las provincias ayudaran a controlar que la entrega de los beneficios se hiciera quienes correspondía.

Falta de colaboración

Una primera modalidad dispuesta fue que las provincias mandaran las bases de datos para cruzarlas con las de la Anses. Pero, según la fuente, se constató que “muchas planillas llegaban desactualizadas o sin números de CUIL”, lo que imposibilitó hacer el control debidamente. En una segunda etapa se les pidió a las provincias que ellas mismas hicieran el cruce de datos. Claro que no todas lo hicieron.

En el caso de la denuncia que involucra a empleados públicos de Santiago del Estero, por ejemplo, el fiscal menciona la existencia de una resolución de la Dirección Nacional de Promoción del Empleo por la que se ordena la baja de beneficiarios, pero también se refiere a que el cruce de datos fue realizado por el Ministerio de Economía de la provincia.

Los cargos que se le imputan a los beneficiarios irregulares, que provienen de denuncias en los juzgados federales de cada provincia, son los de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica.

Las causas no involucran sólo a personas que cobraban el plan -a las que se las intima a devolver los montos obtenidos-, sino también a funcionarios provinciales y municipales que intervienen en la distribución de los subsidios. La unidad de investigaciones realizó más de 500 presentaciones ante la Justicia, relativas a la gestión de los planes Jefes y Jefas de Hogar, en las que se describen prácticas a veces escandalosas. En muchos casos surgen de denuncias sobre delitos contra la seguridad social, que se reciben en la línea dispuesta por el Ministerio de Trabajo para ese fin: 0800-222-2220.

En total, en la Ufises ingresaron cerca de 1600 causas desde octubre de 2002, cuando comenzó a funcionar. De ese total, fueron archivadas unas 270 por no poder obtenerse los testimonios de los denunciantes. Muchas son remitidas a otros juzgados, por estar ya judicializadas con anterioridad o bien a otras fiscalías para continuar con la investigación.

Las tres provincias mas comprometidas

1249
Sgo. del Estero

Hay 18 policías, 145 empleados públicos y 1086 cónyuges de éstos.

295
Córdoba

Se beneficiaba a empleados y jubilados de la administración pública.

1447
Salta

Inicialmente se descubrieron 1146 casos, a los cuales se agregaron otros 301.