CASI EL 20% DE LOS HOGARES VIVE DE PLANES PARA POBRES

No es sólo una cuestión de piqueteros: en la Argentina, casi dos de cada diez familias reciben un Plan Jefas y Jefes de Hogar y están pendientes de una discusión política que se saldará este año: ¿qué va a pasar con los planes sociales?

Los planes Jefas y Jefes, que implican el pago mensual de 150 pesos a 1,8 millón de desocupados al frente de hogares, son el mayor programa gubernamental contra la pobreza, con un presupuesto anual de 3.500 millones de pesos. Las 38 organizaciones piqueteras que existen agrupan apenas al siete por ciento de los beneficiarios, por lo que el problema desborda ampliamente el fenómeno de los que cortan las calles para protestar.

La mayor parte de los planes fueron otorgados por la corporación política tradicional, formalmente a través de los municipios. Desde su nacimiento estuvieron envueltos en sospechas de clientelismo, cuando el gobierno de Eduardo Duhalde giró planillas de inscripción a los diputados. Pero en los últimos tiempos la relación entre los intendentes y la Casa Rosada se recalentó con acusaciones cruzadas.

Funcionarios nacionales reconocieron que hay planes mal otorgados y hasta el presidente Néstor Kirchner habló de “clientelismo”. Mientras, intendentes de peso se atrevieron a atacar al Ejecutivo. Como el de La Matanza, Alberto Balestrini, que acusó al Gobierno de haberle anulado más de 5.000 beneficios. El intendente avisó a los funcionarios que sentirían “el escarmiento” si no corregían la manipulación, que el Gobierno negó.

El enfrentamiento —que mantiene los códigos de la política tradicional, en lugar de los cortes de rutas que acostumbran envolver las discusiones por planes—, se hizo público cuando la Justicia comenzó a investigar cuántos de los planes fueron mal entregados, a partir de denuncias de clientelismo, cobro de un porcentaje del plan a los beneficiarios y entrega incorrecta a empleados municipales.

“En realidad, la pelea de fondo empezó cuando el Gobierno anunció que no habría nuevas altas en los planes y comenzó a afinar el lápiz en las bajas”, explicó un importante político bonaerense vinculado a la ayuda social.

La principal política en torno a los planes impulsada por Kirchner es la de ir llevando a los desocupados hacia proyectos productivos, para salir del modelo puramente asistencialista instaurado por Duhalde. Esos proyectos implican la entrega de herramientas o sumas de dinero para la inversión inicial, pero muchas veces también la condición de que el beneficiario pierda el plan. A estas bajas se suman otras por depuraciones del padrón o las “naturales”, porque los hijos de un beneficiario pasan a ser mayores de edad. En los últimos 8 meses, sólo en la provincia de Buenos Aires, hubo 65 mil bajas, que representan un diez por ciento de los beneficiarios del distrito.

A nivel nacional, la tendencia es similar. De hecho el número total de planes bajó de 2 millones a 1.827.388 desde el fin de la gestión Duhalde, en mayo pasado, hasta hoy.

Los intendentes piden que cuando un beneficiario de su distrito es dado de baja, otro nuevo obtenga el plan. Es uno de los puntos centrales de negociación con el Gobierno.

Antes de la denuncia judicial, numerosos estudios y especialistas habían criticado el plan, aunque siempre reconociendo que sirvieron para dar contención en un momento de emergencia social máxima.

Un informe de 36 páginas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) planteó el año pasado que los planes “carecen de mecanismos transparentes de asignación y fiscalización, y de producción de información para la evaluación de los resultados”. Con respecto a las contraprestaciones —un trabajo obligatorio de 4 a 6 horas que deberían prestar los beneficiarios— , el informe del CELS asegura que “la idea pierde peso en tanto no hay formas productivas estables para absorber a esta fuerza de trabajo desocupada (…) al tiempo que reemplaza puestos genuinos de trabajo profundizando aún más el proceso de precarización y flexibilización laboral (…) sin coberturas previsionales ni sanitarias”

También el Banco Mundial, que el año pasado prestó 1.800 millones de pesos para pagar los Jefas y Jefes de Hogar, hizo críticas al programa en un trabajo publicado en diciembre. “Encontramos que alrededor de un tercio de los que reciben el programa no satisface los criterios de selección (y cerca de tres cuartos de los adultos que serían elegibles para el plan no lo reciben). De hecho, nuestros resultados sugieren que un gran número de beneficiarios son mujeres que de otra manera no serían parte de la fuerza laboral.”

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también encon tró irregularidades en numerosos distritos auditados que van desde asignaciones incorrectas, reconocimiento del cuidado de hijos como “contraprestación”, falta de respuestas a las denuncias de irregularidades, entre otras.

Estos datos llevaron al Gobierno a anunciar una reforma de su política asistencial. Del camino que tome depende el futuro de millones de personas.

Según los informes, la cuenta es clara: el plan no alcanza a todos los pobres, que son más de la mitad de los habitantes del país, no cubre a los cinco millones de personas con problemas de empleo y los 150 pesos no alcanzan para atender las necesidades básicas de alimentación, salud y educación de los beneficiarios.

A esto se suma que la mayor crítica de la sociedad es la utilización política de los planes.

Ahora, Kirchner se propone replantear todos los ejes. Quiere reencaminar los planes de la contención social a la reactivación. Cambiar la relación de fuerza entre los piqueteros, favoreciendo a los más cercanos. Y realinear las fuerzas políticas, teniendo en cuenta que es el Gobierno quien pone dinero fresco en cientos de intendencias.

La encargada de saldar esta puja será Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social y hermana del Presidente. Este año los planes pasarán a sus manos y la mayoría de los nuevos programas productivos fueron lanzados desde su ministerio. Ella anunció que aumentará el control sobre los intendentes y que, para ello, pedirá un mayor esfuerzo de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG). No es un tema fácil. Se supone que en cada municipio debería haber un Consejo Consultivo, integrado por ONG y funcionarios municipales que tendrían que monitorear la transparencia de los planes.

El mecanismo de control fue ideado por la Mesa del Diálogo Social, integrada por organizaciones sociales y empresariales, que le planteó a Duhalde que los fondos deberían ser administrados por las comunas y controlados por las ONG, evitando pasar por las provincias, a las que calificaron de “corruptas”.

Sin embargo, en muchos distritos directamente no se creó el Consejo Consultivo, al tiempo que en otros los Consejos fueron sobrepasados por la velocidad de punteros y funcionarios municipales. En la mayoría de los distritos el intendente se quedó con el “poder” máximo respecto a los planes: es quien ordena las bajas. Esto quiere decir que puede quitarle el plan a un beneficiario si un puntero político suyo le indica que no aporta su “peaje” o no concurre a los actos políticos. “No sólo los piqueteros usan a los beneficiarios para los actos, lo intendentes también. Y el año pasado los planes fueron uno de los motores del PJ en todas las elecciones provinciales”, explicó un líder de una ONG.

A nivel nacional sucede lo mismo. Existe un Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control, presidido por el ministro de Trabajo e integrado por la CGT, la CTA, Cáritas, AMIA, Consejo Evangélico, Foro Social, Asociación Bancos Argentinos, Sociedad Rural y la UIA.

El resultado de estar en esa mesa fue que muchas de esas organizaciones obtuvieron planes para sus proyectos. Pero el control y la decisión de políticas fueron escasos. “Los pasan como alambre caído”, fue la expresión del líder piquetero Juan Carlos Alderete. Es cierto: según un estudio de las propias ONG, al que accedió el Equipo de Investigación, “es escaso el control social de los planes”, por falta de personal, normas “confusas y cambiantes” y “poca claridad en los reportes”.

De acuerdo a este trabajo —firmado por Cáritas, la AMIA, el Grupo Sophia, el Foro del Sector Social y el Consejo Evangélico—, “no se les informa a los consejos sobre las altas y las bajas de los beneficiarios y no se les entrega informes, manuales de procedimiento ni capacitación que les permita conocer sus roles y atribuciones”.

Hoy no es claro cuántos beneficiarios brindan efectivamente una contraprestación. El Ministerio de Trabajo aspira a que sean 7 de cada 10, pero hay provincias donde directamente no se releva.

Hasta ahora el Estado fue errático en su política con respecto a las contraprestaciones de los beneficiarios. Los piqueteros y las ONG van a la delantera con los proyectos comunitarios. Apenas el uno por ciento (20.000) está inserto en el sistema productivo. Unos 60 mil beneficiarios participan de los programas de educación para adultos, según datos de Enrique Deibe, secretario de Empleo. Y pocos municipios tuvieron capacidad para absorber a los beneficiarios. Parches que intentaron tapar el gran agujero social de la exclusión y pobreza.