CASO AMIA: EL GOBIERNO BUSCA MOSTRAR QUE HUBO AVANCES

El Gobierno nacional intentará esta semana demostrar como avances diversas medidas tomadas en el último año en relación al atentado de 1994 contra la AMIA. La razón es que se llevará a cabo en Washington una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del reclamo efectuado por un grupo de familiares de víctimas de la tragedia por denegación de Justicia.

La delegación argentina estará encabezada por el secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, y por el representante especial en Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras. También estarán presentes los familiares de Memoria Activa y los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center of Justice and International Law (CEJIL).

Slokar reemplazará al separado titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) del atentado, Alejandro Rúa, ahora en el Ministerio de Defensa. Rúa cuestionó la actividad del actual ministro de Justicia, Alberto Iribarne, en el tema AMIA y el funcionario lo querelló en Tribunales.

Entre los avances que mostrará el Gobierno se encuentra justamente la designación de Slokar como el hombre que actuará como querellante en las causas penales que analizan las irregularidades de la investigación del atentado en lugar de Rúa.

Además, los hombres de la administración Kirchner llevarán a Washington un último informe presentado por el fiscal que interviene en todo el tema AMIA, Alberto Nisman. Allí, Nisman elogia “la provisión de recursos humanos y materiales indispensables” para su trabajo, además de destacar la ayuda de la SIDE.

El Gobierno también exhibirá ante la CIDH el dictamen del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, favorable al reclamo que hicieron los familiares que llevaron el tema a la OEA por los gastos nacionales e internacionales que les insumieron los trámites de sus demandas.

Por último, los representantes del Gobierno informarán a la CIDH sobre el funcionamiento de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia, que recibió el año pasado un informe del Poder Ejecutivo sobre el manejo de los fondos reservados durante 2004.

La administración Kirchner admitió el año pasado ante la CIDH la responsabilidad del Estado por no haber prevenido el atentado contra la AMIA luego del ocurrido en la Embajada de Israel, dos años antes. Además, el Gobierno reconoció que hubo un “encubrimiento” del Estado, que durante el gobierno menemista quiso inculpar a inocentes, según determinó un tribunal oral en 2004.

En esa histórica audiencia del año pasado, el Gobierno se comprometió además a llevar a cabo diversas medidas, algunas de las cuales son las que pasado mañana mostrará como avances en la investigación. Entre estas medidas también se encuentra la publicación del informe —ya puesto en Internet— elaborado por el veedor de la OEA que siguió el juicio oral que terminó con las absoluciones de Carlos Telleldín y varios ex policías bonaerenses.

En cambio, quedan como materias pendientes la informatización de los registros migratorios y la creación de una unidad especializada en catástrofes que no sólo responda a la emergencia sanitaria sino también al resguardo de pruebas. El Ministerio de Justicia ya elevó a la Presidencia el proyecto de ley de reparación a los familiares de las víctimas. El mismo será publicado en Internet en los próximos días.