CASO AXEL: EL FISCAL SICA FUE SEPARADO DE LA INVESTIGACIÓN
En un corto escrito —apenas cuatro carillas— la Procuración General de la Nación apartó ayer a Jorge Sica de la Fiscalía Antisecuestros y, en consecuencia, también del caso Blumberg. Lo hizo de manera más que diplomática, calificando su trabajo de “encomiable” y remarcando una y otra vez que la medida responde a cuestiones presupuestarias y de política criminal.
Sin embargo la decisión parece haber tenido un trasfondo más político que administrativo. Ayer ninguna fuente del organismo del que dependen todos los fiscales nacionales y federales pudo explicar con claridad por qué el procurador general interino, Luis González Warcalde, había firmado la resolución un sábado.
“Acá se trabaja todos los días de la semana”, fue la única razón esgrimida de manera oficial. Por su parte, fuentes del Gobierno sostuvieron que la noticia los tomó por sorpresa.
En realidad la actuación de Sica —al que ayer notificaron de su desplazamiento por teléfono— empezó a ser duramente cuestionada desde el mismo martes 23 de marzo, cuando Axel Blumberg (23) apareció asesinado de un balazo en la cabeza en un descampado de La Reja,partido de Moreno. Una hipótesis es que lo mataron porque Sica dio la orden de interrumpir a los tiros el pago del rescate.
El fiscal fue denostado en varias oportunidades por el padre de la víctima (llegó a describirlo como un “psicópata”). Y a él se sumó el ministro de Justicia de la Nación, Gustavo Beliz. Este último presentó una denuncia contra Sica acusándolo de emplear torturas para resolver casos.
Pese a todo, Sica logró permanecer en su puesto. Resistiendo las críticas capturó a los presuntos secuestradores y asesinos de Axel y hasta avanzó en la pista de la cobertura policial.
Cuando las miradas se dirigían a la Policía bonaerense, Sica ordenó detener a dos altos jefes de la Policía Federal, el subcomisario Daniel Gravina (luego liberado por el juez Conrado Bergesio) y el jefe de la División Antisecuestros, Juan José Schettino (ver Se cerró un…).
El fiscal había puesto el ojo también en una reunión que la noche del 30 de marzo mantuvieron el ministro Beliz, el jefe de la Federal, Eduardo Prados, y los dos jefes policiales investigados.
Desde el Ministerio de Justicia se explicó con detalle que esa reunión se concretó precisamente para ayudar a Sica en la investigación, aportando los datos reunidos por la Federal.
La decisión de la Procuración tiene varias consecuencias:
Sica debe volver a su puesto de fiscal federal de San Martín, que había dejado el 1° de diciembre de 2003 para comandar la Fiscalía Antisecuestros. Lo mismo ocurre con su jefe directo, Pablo Quiroga, que es el fiscal de la Cámara Federal del mismo distrito.
La Fiscalía Antisecuestros queda virtualmente cerrada; a cargo de dos secretarios, no investigará los casos sino que ayudará y coordinará el trabajo de los fiscales federales de la zona donde se produzcan secuestros.
Aunque no estaba totalmente claro, ayer se aseguraba a partir de esta resolución todo los casos registrados hasta ahora volverían a sus fiscales naturales. Se trataría de alrededor de unas 100 causas. En el caso Blumberg la fiscal que por jurisdicción debería intervenir es Rita Molina, de San Isidro.
En los papeles Sica sólo debe volver a su despacho original. Sin embargo no vuelve en las mismas condiciones. El Ministerio de Justicia de la Nación no sólo lo denunció por tolerar presuntas torturas en las investigaciones sino que además adelantó que es su intención era pedir que la Procuración directamente lo eche.
El enfrentamiento llegó al punto de interferir en un concurso para ocupar cuatro vacantes de jueces federales de Capital. Sica estaba octavo para aspirar a alguno de esos despachos de los tribunales de Retiro. Pero ahora —adelantaron en el Ministerio de Justicia— no hay chances de que el Ejecutivo lo tenga en cuenta.
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