CASO LEBBOS: INTERPELARON AL MINISTRO DE SEGURIDAD DE TUCUMÁN

Los diputados justicialistas de Tucumán elevaron la semana pasada un pedido para que el ministro de Seguridad de esa provincia, Mario López Herrera, fuera interrogado sobre presuntas irregularidades cometidas en el área a su cargo, según viene denunciando Alberto Lebbos, el ex funcionario cuya hija fue hallada estrangulada: “Tenemos copias de las actuaciones judiciales que se están llevando adelante, y estas hacen presumir que hubo algunas anomalías”, explicó entonces el presidente del Bloque del PJ, Rodolfo Ocaranza.

Tal como estaba previsto, Herrera –quien fue ratificado en su cargo por el gobernador Alperovich- asistió al recinto esta mañana cerca de las diez; y entre otras cosas, debió explicar por qué la fiscalía recibió la causa 48 horas después de la desaparición de la joven. Ocaranza había manifestado que debido a la gravedad de las acusaciones del padre de Paulina, era necesaria la intervención del poder político. La interpelación al ministro duró unas dos horas e incluyó al menos 13 preguntas.

El cadáver de Paulina apareció el 11 de marzo a 35 kilómetros al norte de la capital tucumana. La chica cursaba el segundo año de Comunicación Social en la Facultad de Filosofía y Letras, y había desaparecido 13 días antes. La última que la vio con vida fue Virginia Mercado, una amiga y compañera de esa carrera. Fue alrededor de las 7 de la mañana del domingo 26 de febrero. Esa noche habían ido juntas a bailar a un boliche de la zona del ex Mercado de Abasto.

El caso desato una crisis insitucional. Alberto Lebbos dejó su cargo como subsecretario de la Juventud provincial el 16 de marzo pasado. La misma actitud siguió el secretario de Derechos Humanos. Enfrentado con Lebbos, el entonces ministro de Seguridad Pablo Baillo también renunció días después al ser criticado por decir que había que investigar si Paulina no había muerto por ingerir sustancias prohibidas, antes de que se conocieran las causas de la misma.

En el caso hay tres oficiales de la policía provincial detenidos por presuntas irregularidades cometidas en la investigación del crimen. Se trata de un comisario y dos oficiales que prestan servicio en Raco, pueblo ubicado a 55 kilómetros de la capital provincial y a unos 20 del lugar donde se halló el cuerpo. Las presuntas irregularidades tienen que ver con la adulteración de las actas sobre el hallazgo del cuerpo que habrían sido falseadas.