CASO LEPRATTI: INDAGAN AL JEFE DE POLICÍA POR ENCUBRIMIENTO

El jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor José Maldonado, fue indagado ayer por el juez de instrucción Osvaldo Barbero por la simulación de prueba que se habría efectuado en la subcomisaría 20ª el 19 de diciembre de 2001, en relación al crimen del militante social Claudio Pocho Lepratti. El por entonces titular de la División Judiciales compareció ayer por varias horas para negar su participación en la maniobra y explicar cuál fue su intervención en aquellas jornadas trágicas. Por los mismos hechos que ayer le imputaron, hace cuatro meses nueve policías fueron procesados por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento.

En marzo pasado, la fiscal Élida Rivoira solicitó que Maldonado y tres funcionarios más prestaran declaración informativa, pero el juez Barbero decidió empezar por el actual jefe de la UR II, a quien citó en calidad de imputado. A partir de su descargo se ordenarán otras declaraciones, a personal de la División Judiciales o de otras dependencias, según dijeron fuentes de la causa.

En tanto, el abogado del comisario, Alejando Sinópoli, contó que apenas se enteró su cliente por los medios de que era requerido por la Fiscalía, se presentó en Tribunales. Pero en el juzgado le dijeron que antes necesitaban incorporar como prueba registros telefónicos. Este trámite ya se completó, por lo que sobrevino la indagatoria, en la que el letrado y la fiscal Rivoira estuvieron presentes. “Maldonado negó con contundencia y solidez cada imputación, y brindó toda la información que tenía sobre su rol e intervención en aquellos días”, relató el defensor. “Sus dichos contribuirán al esclarecimiento de los hechos que está investigando el tribunal”, agregó (ver aparte).

¿Y qué es lo que se investiga? Según explicaron fuentes del caso, lo que está bajo la lupa es la alteración de las circunstancias del asesinato de Lepratti, baleado en la garganta cuando se encontraba en la terraza de la escuela Nº 756, del barrio Las Flores, donde trabajaba como cocinero. El autor del disparo, el agente del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco Esteban Velásquez, está detenido y en juicio por homicidio simple. Sin embargo, el episodio en el que el militante social y ex seminarista perdió la vida se presentó inicialmente como un enfrentamiento, de allí la simulación de prueba.

Ésta se descubrió por la contradicción entre dichos de los testigos y pericias técnicas, con los registros oficiales. Comprende la versión de que se habían arrojado piedras y balas al móvil Nº 2270, la adulteración de documentación de la comisaría y la imputación a Lepratti por resistencia a la autoridad y daño calificado. La especie pronto fue desbaratada por la justicia.

Los dos integrantes de la patrulla del Comando, que había sido asignada como refuerzo a la sub20ª, argumentaron que se bajaron del auto porque habían sido atacados desde la terraza, con balazos que impactaron en el coche. Sin embargo, en su resolución de procesamiento de marzo de 2002, el juez Barbero consignó que “sólo se encuentran fehacientemente acreditados los insultos hacia la policía”. Es que desde los techos se le había pedido a los uniformados que no dispararan porque la escuela estaba llena de chicos. Además, el 6 de febrero de 2002 llegó al juzgado correccional en turno durante los saqueos, un expediente con Lepratti como imputado y los sospechosos de asesinarlo como víctimas. Provenía de la División Judiciales de la UR II. Al día siguiente, el juez Juan José Alarcón sobreseyó al militante social por fallecimiento, el sumario fue archivado y no se incorporó a la pesquisa por el homicidio.

Según voceros de la causa que acaba de sumar a Maldonado como imputado, hay otros elementos que hacen presumir la comisión de irregularidades o delitos. “La muerte ocurrió entre las 18 y las 18.30 del 19 de diciembre y División Judiciales avisó al juzgado recién a las 0.40 del día siguiente”, explicó la fuente. “De todos modos, el juez Barbero ya estaba enterado porque hubo testigos que esa misma tarde se presentaron espontáneamente en Tribunales, a los que incluso se les tomó declaración”, agregó el informante, subrayando que la obligación de la División Judiciales era la de avisar inmediatamente al magistrado, según lo establece el Código de Procedimientos. En este punto, la defensa tiene otra visión.

Cuando Barbero descubrió que había sido engañado, indagó a diez policías del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco y de la sub 20ª, incluidos sus titulares. Nadie dijo una palabra (se abstuvieron de hacer su descargo) pero la prueba reunida permitió concluir al magistrado que nueve de ellos deben ser enjuiciados. La resolución, de diciembre pasado, está firme.

En febrero, el sargento primero Jorge Orué, que se desempeñaba como sumariante en la subcomisaría de San Martín y Muñoz, se enteró de que lo habían procesado y rompió el silencio. El primer uniformado en hablar en el expediente contó, entre otras cosas, que la tarde del crimen de Lepratti vio a personal de División Judiciales en la dependencia policial, refirieron allegados al caso. Ante la revelación, fue secuestrado el libro de guardia de Judiciales correspondiente al 19 de diciembre de 2001, que exhibe contradicciones si se lo compara con el memorándum de la sub 20ª. Algunas de estas contradicciones son las que busca esclarecer por estas horas la justicia.

SIGUE EN EL CARGO

¿Seguirá el comisario mayor José Manuel Maldonado siendo jefe de la Unidad Regional II? Consultado por este diario, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, fue escueto y a la vez claro: “No está procesado, si lo estuviera cambia la situación”, afirmó. Por su parte, el abogado defensor, Alejandro Sinópoli, sostuvo que “la declaración indagatoria no tiene efectos administrativos” y que no se ha iniciado, hasta el momento, sumario interno alguno.