CASO LEPRATTI: UNA FISCAL PIDE QUE DECLARE EL JEFE DE LA UR II

La fiscal Élida Rivoira pidió la declaración informativa (comparecencia con formalidades de indagatoria) de cuatro funcionarios policiales de jerarquía, entre ellos el jefe de la Unidad Regional II, José Maldonado, en el marco de la causa por supuesta falsificación de actas del crimen del militante Claudio Pocho Lepratti el 19 de diciembre de 2001 en la subcomisaría 20ª. En esa época el comisario mayor Maldonado estaba al frente de la División Judiciales y según el libro de guardia de la dependencia de San Martín al 6200 llegó allí a las 19.50 de la trágica jornada con personal a su cargo. Quien debe decidir si lo convoca y en qué carácter es el juez de instrucción Osvaldo Barbero, que en diciembre pasado procesó a nueve uniformados por adulterar documentación para ocultar lo ocurrido y encubrir a los responsables del asesinato, aunque no había trepado en la cadena de mandos.

El dictamen fiscal llegó anteayer al juzgado y compromete a Maldonado, al ex titular de Orden Público, Ernesto Gratarola, y a las máximas autoridades del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco en diciembre de 2001. Se trata de Pedro Domínguez, actual subjefe de la División Sustracción de Automotores, y del oficial Daniel Braza, entonces jefe del agente Esteban Velásquez, quien disparó contra Lepratti. Este policía está detenido, enjuiciado por homicidio simple.

La causa por el irregular procedimiento policial se inició a raíz de las contradicciones entre dichos de los testigos y pericias técnicas con los registros oficiales, que consignaron un enfrentamiento, es decir un ataque previo por parte de la víctima. La investigación judicial pronto desbarató la hipótesis.

La pesquisa sobre las irregularidades se demoró porque el juez Barbero planteó que lo habían engañado y por lo tanto correspondía la intervención de otro magistrado, pero la Cámara de Apelaciones le asignó la investigación de todos modos. Entonces Barbero indagó a diez policías del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco y de la subcomisaría 20ª, incluidos sus titulares. Nadie dijo una palabra (se abstuvieron de hacer su descargo) pero la prueba reunida permitió concluir al juez que nueve de ellos deben ser enjuiciados por el delito de encubrimiento en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público.

La resolución no está firme ya que fue apelada e incluso continúa el proceso de notificación. En ese marco fue citado el sargento primero Jorge Alberto Orué, que se desempeñaba como sumariante en la subcomisaría de San Martín y Muñoz, de la que luego fue trasladado. Cuando Orué llegó al juzgado y se enteró de que lo habían procesado rompió el silencio, convirtiéndose en el primer uniformado en hablar en el expediente. Le ampliaron la indagatoria el 19 y el 20 de febrero pasados, exactamente dos años y dos meses después de las trágicas jornadas en las que siete rosarinos fueron abatidos, se presume, por balas policiales.
Fuentes del tribunal reprodujeron la versión del efectivo, a punto de jubilarse y sin antecedentes, que podría enfrentar un juicio por graves delitos. Orué dijo que el 19 de diciembre de 2001 estaba de licencia cuando su jefe Roberto de la Torre lo mandó a llamar de urgencia y le ordenó que se quedara en la planta baja para tomar los datos de los detenidos que fueran llegando. El policía, ubicado justo frente al ingreso de la dependencia, siguió el vocero de la investigación, vio entrar a Velásquez y a Gratarola, entre otros. Enseguida el comisario De la Torre, las autoridades del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco y personal de la División Judiciales, que también había arribado momentos antes, habrían subido a la parte alta del edificio, “previamente a la consulta con el tribunal y la confección de las actas”. Lo que se investiga es si en esas circunstancias fue alterada la documentación oficial.

Ante la revelación, el juez Barbero ordenó el secuestro del libro de guardia de la División Judiciales correspondiente al 19 de diciembre de 2001. Allí consta, según el informante consultado, que Maldonado estuvo en la sección toda la tarde y se retiró cerca de la madrugada. También aparece que tres numerarios salieron durante la tarde rumbo a la subcomisaría 20ª.

En cambio, el libro de guardia de esta última dependencia asegura que Maldonado llegó hasta allí a las 19.50 con personal a cargo, agregó la fuente. De acuerdo con el registro, Judiciales, que interviene si hay policías sospechados de cometer un delito, fue convocada antes de que el juez se enterara del incidente, “cuando en realidad debe avisarse primero al tribunal”, explicó un funcionario judicial.

La decisión sobre la toma de declaración informativa al jefe de la UR II debe tomarla Barbero, actualmente de licencia. Si se prorroga la ausencia del juez, la definición podría ser adoptada por el colega que lo reemplace, que incluso podría optar por una indagatoria, explicaron en Tribunales. De todas maneras, la declaración informativa se toma luego de hacerle conocer al compareciente todos los derechos que le asisten como imputado y el magistrado actuante, al momento de resolver su situación, puede usarla como si se tratara de un descargo.