CASO SW: LA CÁMARA CRITICÓ AL JUEZ Y LE ORDENÓ 30 NUEVAS MEDIDAS

En una durísima resolución, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ordenó ayer al juez Carlos Liporace llevar a cabo unas 30 medidas de prueba vinculadas a la causa de las valijas con cocaína. La principal de ellas es investigar a los directivos de la empresa. El tribunal prácticamente acusó al juez de haber “dormido” y perjudicado la investigación. Por eso, analizará la posibilidad de abrirle un sumario o posiblemente denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura.

La postura del tribunal, adelantada por Clarín el 21 de febrero, quedó reflejada en un fallo en el que se confirmaron la prisión preventiva y el procesamiento de uno de los tres detenidos que tiene la causa, Claudio Baudino, supervisor de tráfico de la empresa Southern Winds. En un avión de esa compañía viajaron, el 16 de setiembre del año pasado y sin pasajero a cargo, los casi 60 kilogramos de cocaína que aparecieron en cuatro valijas en el aeropuerto de Madrid.

Pero el tribunal cree que el juez Liporace no sólo debe quedarse en Baudino y los otros dos detenidos, el ex gerente de ventas internacionales, Fernando Arriete, y el ex responsable de la atención de los pasajeros frecuentes, Walter Beltrame, hijo del ex jefe aeronáutico en Ezeiza, el comodoro Alberto Beltrame.

Para los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos, el juez Liporace debe ir “hacia arriba” en la escala de responsabilidades dentro de la empresa, como pretende la fiscal Gabriela Ruiz Morales. Así lo revelaron fuentes judiciales que tuvieron acceso a la resolución.

La fiscal había reclamado al juez en varias oportunidades que citara como sospechosos al presidente y vice de SW, Juan Maggio y Enrique Montero, respectivamente. El juez hasta el momento no se expidió. Montero viajó, incluso, en el mismo vuelo que la cocaína y estuvo en Madrid en simultáneo con Beltrame.

Ante la dimensión que tomó el contrabando de cocaína, el Gobierno resolvió la semana pasada no renovar el contrato que tenía con SW a través de la empresa estatal Lafsa. El Gobierno descabezó además la cúpula de la Fuerza Aérea y pasó a manos del Ministerio del Interior la seguridad aeroportuaria.

Si bien el secreto de sumario impidió conocer ayer el contenido de las medidas ordenadas por la Cámara en lo Penal Económico, las fuentes consultadas aseguraron que van en línea con algunas correcciones señaladas ya por este diario hace dos semanas. Entre ellas se encuentran la realización de allanamientos de los domicilios de los imputados, por más que sea tarde, según admitieron los camaristas.

La resolución tuvo durísimos conceptos acerca de la forma en que llevó el juez la causa y sugiere que hasta pudo haber existido una intencionalidad para demorar la investigación en supuesto beneficio de la empresa y los acusados. Entre otros hechos, en la medida se cuestiona:

Que la empresa haya denunciado el contrabando el 5 de octubre cuando sabía de él desde el 22 o 23 de setiembre.

Que lo haya hecho a través de una denuncia anónima en otro fuero judicial que no era competente, el fuero federal.

Que Liporace le haya pedido el “requerimiento de instrucción” a la fiscalía (si correspondía abrir una causa) sin delegarle la investigación, como hizo después. En esa pérdida de tiempo se esfumó una prueba clave como las filmaciones de Ezeiza.

Que recién el 27 de diciembre, tres meses y diez días después del contrabando, se haya ordenado mandar un exhorto a España para pedir información. No sólo eso: el exhorto viajó a España hace apenas dos semanas.

De acuerdo con los camaristas, todas estas demoras llevaron a que un contrabando ocurrido el 16 de setiembre recién comenzara a ser investigado judicialmente el 28 de octubre. En ese sentido, Grabivker y Hornos no sólo cuestionaron al juez sino a la propia empresa involucrada.