CATORCE DISTRITOS CUMPLEN CON EL PROYECTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Si el proyecto de ley de responsabilidad fiscal que tiene media sanción del Congreso entrase en vigencia en los próximos días, 14 distritos, más de la mitad del país, estarían cumpliendo con los requisitos exigidos. Ellos son la Capital Federal, Santa Fe, La Rioja, Salta, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Mendoza, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Catamarca.

En cambio, otros 10 estarían más complicados, la mayor parte por un ítem: el que pone coto al nivel de endeudamiento permitido. En ese estado están Córdoba, Misiones y Tucumán, con un 18% de deuda sobre los ingresos corrientes; Formosa, con 30%; Jujuy, con 29%; San Juan, con 23%; Río Negro, 19%, y Entre Ríos, Chaco y Corrientes. Buenos Aires, en tanto, está en el límite que no debe ser superado: 15% de los ingresos.

El nivel de endeudamiento permitido fue el tema que más fricción causó en el recinto cuando se votó el proyecto. Pero, mal que les pese a los legisladores y a los gobernadores, que demoraron y rezongaron más de la cuenta antes de dar su visto bueno al proyecto, la ley de responsabilidad fiscal sigue el camino de los programas de financiamiento ordenado (PFO) a través de los cuales, en 2003, las provincias lograron poner en orden sus finanzas (ver aparte). Por eso, para el Ministerio de Economía tiene más peso la aprobación de esa ley (que es acorde con lo que hoy son los programas de financiamiento ordenado) que el proyecto de coparticipación federal, relegado por la falta de acuerdo con Felipe Solá.

Los PFO entraron en vigencia durante la gestión de Eduardo Duhalde a instancias de un recurrente pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la necesidad de que el interior adecue sus gastos y su deuda con sus ingresos.

Esa es, básicamente, la premisa de la ley que cuenta con media sanción del Congreso y que el 4 de agosto sería tratada por la Cámara de Diputados. Es, además, uno de los requisitos que exige el FMI antes de poner su consentimiento a la tercera revisión del acuerdo stand by por tres años que firmó con el país. Ayer, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, mostró confianza en que el proyecto no sufriría cambios, y en que el FMI apruebe la revisión. “Es de esperar que no haya modificaciones, ya que el proyecto fue trabajado con gobernadores y senadores”, afirmó en declaraciones radiales. El artículo que se refiere al endeudamiento es el 21, y establece que los intereses de la deuda de las provincias (el capital está en default) no pueden superar el 15% de los recursos corrientes netos.

Según la consultora Economía & Regiones, que dirige Rogelio Frigerio, este año la mayoría de las provincias estaría por debajo del límite del 15%. “En promedio, los servicios de la deuda alcanzarían al 10% de los ingresos corrientes, pero eso cambiaría a partir del año que viene, cuando los servicios de la deuda aumentan considerablemente (más del 42%)”.

Ocurre que el próximo año comienza a amortizar el bono garantizado 2018 del canje de deuda provincial y los préstamos de los PFO del año pasado, que se suman a los PFO de 2002. “Como resultado, si bien en promedio los servicios de la deuda del consolidado alcanzarían el 13 por ciento de los ingresos, en varias provincias el límite de 15 por ciento será superado ampliamente, llegando en algunos casos al 30 por ciento”, señaló.

Zigzag fiscal

Las proyecciones del economista Alejandro Suárez, del Centro de Estudios Bonaerense (CEB), no son muy diferentes. El analista repasó el comportamiento fiscal de los últimos años: mientras que durante la década del 90 la restricción del 15% fue cumplida por todas las provincias, la situación cambió de manera radical en 2001 por la baja de los ingresos y el excesivo volumen de intereses vencidos.

“En 2003, ese resultado se revierte por el default. Pero si a los pagos de intereses hechos el año pasado les agregamos una estimación de los vencimientos impagos, la realidad cambiaría. De ese modo, Formosa, Jujuy, Río Negro, Chaco, Misiones y Buenos Aires tendrían una situación complicada”, señaló. Y agregó que Córdoba, Corrientes, San Juan y Tucumán estarían en el límite del 15 por ciento.

Para Suárez, el proyecto que cuenta con media sanción del Senado no es preventiva, sino que es correctiva. “Además, al no poder realizar pagos de intereses de la deuda mayores al 15% de los ingresos corrientes por ejercicio, se limita la posibilidad de endeudamiento sin ninguna racionalidad económica”, dijo.

Frigerio está de acuerdo con la flexibilidad que el Senado agregó en el artículo 21: establecer un programa de transición para adecuar el perfil de la deuda. Sostiene que, dado que 10 jurisdicciones partirán de una situación de incumplimiento, “es necesario algún mecanismo de transición que les permita adecuar en el tiempo el perfil de la deuda por debajo del ratio establecido como límite”.

El principal acreedor de las provincias es el Estado nacional (un 76% de la deuda se contrajo con el Gobierno) y por eso, sostienen, sería oportuno que la Nación brinde un esquema de reestructuración de los pasivos provinciales.