CAUSA AMIA: EL GOBIERNO YA ES QUERELLANTE

Según indicaron fuentes judiciales, el juez federal Ariel Lijo aceptó el pedido que hizo Alejandro Slokar, secretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Asesorado por la abogada Nora Cherñasky, Slokar fue encomendado por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, para representar al Gobierno en esta causa, en la que todavía no hay indagados ni detenidos.

En ese expediente, tanto el fiscal Alberto Nisman como el ex policía Juan José Ribelli, quien fue absuelto tras estar ocho años preso acusado del atentado, han pedido la indagatoria y eventual detención del ex presidente Menem, de su ex ministro del Interior, Carlos Corach, y del ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y varios de sus agentes.

También se incluyó en la lista al ex juez Juan José Galeano y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, a la abogada de esa institución, Marta Nercellas; al ex comisario de la Policía Federal, Jorge Palacios, y al abogado Víctor Stinfale.

Hasta ahora, el juez Lijo no resolvió si hará o no lugar a ese pedido con vistas establecer si, como se sospecha, esos imputados podrían haber llevado adelante una suerte de asociación ilícita que buscó tapar delitos y pagarle a uno de los entonces detenidos, Carlos Telleldín, para que brindara una declaración funcional a la principal hipótesis del expediente que derivó en la detención de policías bonaerenses, que luego fueron absueltos.

Con la intervención de Slokar en el expediente, se estima que el Gobierno de Kirchner buscará acercarse a la causa pidiendo medidas de prueba y proponiendo líneas que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. Hasta ahora, el papel del Estado lo ejercía la Unidad Especial de Investigación del Atentado, del Ministerio de Justicia, pero ese cargo quedó vacante hace un mes con la salida de Alejandro Rúa.