CAUSA AMIA: LOS FISCALES PEDIRÍAN QUE SE SUSPENDA EL JUICIO

Los fiscales del juicio por el atentado a la AMIA recurrirán a la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, en un intento por revertir la decisión del Tribunal oral, que ayer separó del proceso a dos de ellos, Eamon Mullen y José Barbaccia.

En tanto, en la sede del Ministerio Público Fiscal se reunieron hoy el titular a cargo, González Guarcalde y los fiscales desplazados, en la que se decidió que la separación afecta el trabajo de la Procuración General de la Nación y, por lo tanto, correspondía a ese cuerpo encabezar la ofensiva contra el Tribunal Oral en Casación Penal.

A esta actitud desafiante de la fiscalía hacia los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo se sumó hoy la ausencia en la sala de audiencias de los abogados de la AMIA, DAIA y Familiares de Víctimas del atentado.

“En virtud de que el Ministerio Público Fiscal recurrirá a Casación contra la decisión de apartar a dos de sus fiscales y para no afectar la audiencia”, aclaró Miguel Angel Romero a los jueces.

Los fiscales en pleno -Romero, Alberto Nisman, Mullen y Barbaccia- firmarán el recurso de Casación que será presentado en los próximos diez días, aunque este tribunal de apelaciones no tiene plazos para resolver. De hecho, el recurso recaerá en la sala I de Casación.

Si su decisión no satisface a los fiscales o al Tribunal, el tema podrá llegar ante la Corte Suprema de Justicia.

En lo inmediato, Mullen y Barbaccia no participarán más del juicio en lo referido a hablar ante el Tribunal, realizar planteos o contestar a las defensas.

La comunidad judía decide las medidas a tomar
Los representantes de la DAIA y la AMIA decidirán mañana las medidas de protesta que adoptarán contra la decisión del tribunal oral de apartar a dos fiscales que actuaron en la causa por el atentado a la mutual judía, y que podría incluir la recusación de los magistrados.

Las tres parte que actúan como parte querellante en la causa por el ataque a la mutual -DAIA, AMIA y Familiares de las víctimas- se reunirán mañana antes del mediodía para consensuar una posición en común, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Entre las medidas que analizan los letrados y las entidades que actúan como querellantes en el caso, se encuentran la decisión de retirarse formalmente del juicio, realizar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o recusar a los jueces del tribunal Gerardo Larrambebere, Guillermo Gordo y Miguel Pons.

“Por lo pronto lo único seguro es que hasta que no se decida qué hacer, los abogados no iremos al juicio”, explicó uno de los letrados.

Según la ley, la ausencia de querellantes en un juicio oral no impide su continuación, como de hecho ocurrió hoy, ya que el proceso continuó con los alegatos de las defensas de los acusados.

Las posibilidades que se barajan hasta ahora son la recusación de los jueces; retirarse del juicio -que podría seguir sin ellos- o seguir en el debate pero concretar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En caso de decidirse por la recusación -única opción que derivaría en la paralización del juicio oral- el plazo vencerá mañana a las 17, ya que se computan 48 horas desde que los jueces cometieron el hecho por el que se busca desplazarlos, en este caso apartar a Mullen y Barbaccia sin fundamentos.

Si se opta por este recurso extremo, la recusación será presentada ante los jueces, quienes tendrán la obligación de elaborar un informe rechazando o aceptando los cargos y elevarlo a la Cámara de Casación.

En este caso, Casación debe resolver en un plazo limitado, ya que el juicio se suspendería y si pasaran más de diez días hábiles todo debería comenzar de nuevo con otro Tribunal.

En caso de retirarse del juicio, los querellantes podrán hacerlo de manera simbólica y conservar el derecho a apelar una sentencia que consideren adversa o bien desistir de su rol, algo que los privaría de cualquier reclamo posterior.

La única querella presente hoy en la sala de audiencias del subsuelo de Comodoro Py 2002 fue “Memoria Activa”, representada en su abogado Pablo Jacoby, quien se había opuesto al apartamiento de Mullen y Barbaccia aunque los criticó con dureza y reclamó una autocrítica en la audiencia de recusación a la que se los sometió el mes pasado.

Ambos fiscales que investigaron el atentado desde el mismo día de la voladura, el 18 de julio de 1994, fueron separados del juicio oral porque el Tribunal consideró que perdieron imparcialidad y que pudieron cometer delitos durante la instrucción de la causa.

El hecho principal fue el pago ilegal de 400 mil dólares al acusado Carlos Telleldín a cambio de declarar contra policías bonaerenses en 1996. Para los jueces, ambos fiscales debieron saber de su existencia y lo ocultaron.