Causa Báez: Ordenaron nuevas medidas
El juez hizo otro allanamiento y analizará teléfonos y computadoras.
El juez en lo penal tributario Javier López Biscayart ordenó nuevas medidas para investigar a Lázaro Báez: ayer volvió a allanar la sede porteña de Austral Construcciones, la más emblemática de sus empresas, y dispuso que se duplicara el contenido de las computadoras y los teléfonos secuestrados la semana pasada.
López Biscayart investiga por presunta evasión a dos empresas, Austral Construcciones e Idea Sociedad Anónima, la firma que gerencia los hoteles del matrimonio Kirchner.
El allanamiento de ayer fue en el quinto piso del pasaje Carabelas 241. Fue una continuación del operativo dispuesto la semana pasada en el mismo edificio, un piso más abajo. Entonces, la policía advirtió que Austral Construcciones tenía oficinas en el quinto; el juez ordenó sellar el lugar y ayer volvió para revisarlo. Según informaron a LA NACION fuentes de la causa, en este piso había sólo una sala de reuniones con un televisor.
El otro inmueble allanado en el marco de esta causa fue el de Idea Sociedad Anónima, en Lima 355. Al frente de la empresa que ahora gerencia los hoteles -luego de que Báez fue desplazado- figura el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que gestiona las propiedades de la familia presidencial.
En total, la Justicia se llevó de los allanamientos de la semana pasada 13 computadoras y cinco teléfonos celulares que pertenecían a empleados que estaban trabajando en esas oficinas. Ayer, el juzgado dispuso que en un plazo de diez días se hicieran dos copias del contenido de todos los aparatos; una quedará bajo custodia del juzgado y otra se usará para los peritajes. Teléfonos y computadoras serán devueltos.
La causa, que se inició la semana pasada, entrará ahora en un compás de espera hasta el final de la feria judicial. La idea del juez fue allanar y secuestrar toda la documentación disponible de inmediato para preservar posibles pruebas, pero los peritajes sobre las computadoras y los teléfonos no se dispusieron todavía. Todo indica que comenzarán en febrero.
Este expediente se abrió con una denuncia de la diputada Elisa Carrió y el legislador Fernando Sánchez. Con fundamento en una serie de notas publicadas por LA NACION, que revelaron negocios de Báez con hoteles del matrimonio Kirchner, ellos llevaron el caso a la Justicia.
Entre 2010 y 2011, Báez, que controlaba la empresa gerenciadora de los hoteles presidenciales, pagó al matrimonio Kirchner más de 14,5 millones de pesos por el alquiler de habitaciones a través de siete de sus empresas, según reveló LA NACION.
Cuando recibió la denuncia, el fiscal Alejandro Navas Rial impulsó la acción por evasión fiscal. La hipótesis que se investiga es que se habría evadido impuestos entre 2010 y 2011, abultando los gastos en la contabilidad de las empresas mediante consumos simulados.
PREOCUPACIÓN DE ADEPA POR UNA DENUNCIA
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó ayer su “preocupación” y reclamó la intervención de la Justicia para que investigue “la grave denuncia” del jefe del bloque de senadores de la UCR, Gerardo Morales, que involucró al Ejército en tareas de inteligencia sobre políticos y periodistas, lo cual está prohibido por las leyes de defensa, de seguridad interior y de defensa de la democracia.
Morales dijo que uno de los objetivos de espionaje es el periodista Daniel Santoro, razón por la cual ADEPA aseguró que “durante la actual gestión, los servicios de inteligencia y los organismos de control han sido utilizados por el poder político como herramientas de persecución e intimidación contra toda posible voz crítica”. En ese sentido, recordaron otras maniobras, como las inspecciones de la AFIP a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.
Fuente: La Nación
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