CAUSA FECED: EL JUEZ VERA BARROS HIZO REGRESAR A MARCOTE A PRISIÓN

El ex policía provincial Mario Marcote (alias El Cura) volvió a quedar detenido ayer en el marco de la causa Feced, que engloba el accionar de la represión ilegal durante la última dictadura militar en el sur santafesino. El juez federal subrogante Carlos Vera Barros le imputó los mismos delitos que motivaron su procesamiento en noviembre pasado (28 secuestros, 25 seguidos de torturas), aunque desde el punto de vista de haber integrado una asociación ilícita agravada.

El sindicado represor se presentó por la mañana en los Tribunales de bulevar Oroño al 900 para cumplir con la citación a ampliación de indagatoria ordenada por el magistrado. Luego de permanecer casi tres horas en el edificio, Marcote fue llevado al Destacamento Móvil 2 de Gendarmería, donde quedó bajo arresto.

Paralelamente, la defensa del ex policía planteó su excarcelación, la que fue denegada por el juez. De inmediato, Vera Barros corrió vista a la Fiscalía, que también rechazó la solicitud.

En diciembre, la Cámara Federal de Rosario había dispuesto liberar al ex policía, pese a la gravedad de los delitos que sustentaron el procesamiento dictado por el magistrado.

Los camaristas Carlos Carrillo, Jaime Belfer, Edgardo Bello y Hugo del Pozo interpretaron que el mínimo de la escala penal para las imputaciones recibidas determinaba que no correspondía la detención.

El juez, quien denegó en principio la excarcelación, también le había impuesto a Marcote una caución real de 50 mil pesos (en efectivo o con bienes embargables) para poder quedar libre.

Pero el abogado Mario Belfer, hermano del camarista, solicitó una rebaja. Y argumentó que su defendido hacía cuatro años que estaba sin trabajo y que era beneficiario de un subsidio para desocupados de 150 pesos.

“Estamos conformes con la detención de Marcote. A la interpretación de la figura de asociación ilícita la veníamos reclamando desde junio. En principio, el delito no es excarcelable y, según consideramos, el criterio aplicado antes por la Cámara no se podría utilizar con esta imputación”, le dijo a La Capital Gonzalo Stara, del Equipo Jurídico de Derechos Humanos.

Otro ex policía, Ramón Rito Vergara, finalmente no se presentó en Tribunales. Si bien la defensa pidió la suspensión de la ampliación de indagatoria por problemas de salud, al cierre de la actividad judicial no justificó la ausencia del acusado con el certificado médico correspondiente, por lo que se libraría una orden de captura.

Vergara se había entregado en octubre y, poco después, fue encartado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. No obstante, la Cámara lo liberó en diciembre.

Para hoy se prevén las ampliaciones de indagatoria del ex policía José Carlos Scortecchini (apodado Archi) y de Nilda Folch, la primera civil procesada en el voluminoso expediente.

Scortecchini se había entregado en septiembre y, casi dos meses después, Vera Barros lo responsabilizó de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. Sin embargo, también fue excarcelado por la Cámara a fines de 2004, al igual que Folch.

Lluvia de pedidos
En los últimos días la defensa de Scortecchini pidió la revocatoria de la indagatoria, que fue denegada. Luego reclamó la suspensión del trámite vía certificación médica pero, más allá del comprobante aportado, se supo que forenses constatarán el estado de salud del ex policía.

Respecto de Folch (alias Polaca), Vera Barros le había imputado en noviembre los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas en nueve casos, junto a un embargo por 30 mil pesos.

Fue detenida en septiembre (por orden del entonces juez federal Nº4 Omar Digerónimo) a raíz de los testimonios que la apuntaron como colaboradora de la dictadura e incluso de participar -en forma activa y como testigo- en sesiones de tormentos.

La caída de Folch reavivó la controversia de los civiles que desempeñaron roles de colaboradores o entregadores.