CAUSA INUNDACIÓN: SE CIERRA EL CERCO EN TORNO A REUTEMANN

Jorge Castro y Milagros Demiryi, actores civiles en la causa que investiga las responsabilidades de los funcionarios públicos durante la inundación de 2003, presentaron a la Justicia un pedido para que se cumpla la decisión del fiscal de Cámara de citar al ex gobernador Carlos Alberto Reutemann a declaración indagatoria. En el escrito también se exige, como segunda instancia, que se le quiten los fueros que protegen al senador nacional si se negara a declarar.

El pedido de los actores civiles de la causa inundación es el segundo dolor de cabeza consecutivo para el ex gobernador: la semana pasada, el abogado del ex director de Hidráulica Ricardo Fratti –uno de los tres funcionarios de rango procesados en la causa, junto al ex intendente Marcelo Álvarez y al ex secretario de obras públicas Edgardo Berli– volvió a pedir un careo entre Reutemann y su defendido, que por los días de la inundación era subordinado del ex corredor de Fórmula 1.

Hasta hace poco tiempo, parecía difícil de torcer el destino de impunidad de los principales funcionarios públicos de la provincia y de la ciudad en los días de la inundación; estos pedidos, que coinciden en ubicar a Reutemann al tope del ranking de las responsabilidades, avanzan en el sentido opuesto.

Así las cosas, el cerco se va cerrando de a poco sobre Reutemann: el fiscal de Cámara Raúl Reyes pidió formalmente su citación a indagatoria luego de que el propio juez de la causa lo exculpara; Fratti ya se despegó dos veces del ex gobernador y cada vez con menos sutileza deja entrever que no está dispuesto a pagar los platos rotos de las imprevisiones de su superior. Y, ahora, esta presentación de los actores civiles de la causa, que abona la línea argumental de la defensa de Fratti: la responsabilidad de Reutemann era indelegable y, por lo tanto, las responsabilidades no pueden caer sobre sus subordinados.

Pero el escrito de Castro y Demiryi no sólo apunta a Carlos Reutemann; también complica a los ex ministros Carlos Alberto Carranza y Juan Carlos Mercier, quienes desempañaron funciones ministeriales en Gobierno y Hacienda, respectivamente.

El pedido del actor civil ingresó en el Juzgado de Instrucción en la mañana del lunes; en el escrito se exige al juez Jorge Patrizi, responsable de la causa, que cumpla el pedido del fiscal de Cámara Raúl Reyes que, a contrapelo del primer fallo de Patrizi, resolvió llamar a indagatoria al actual senador nacional Carlos Reutemann para que aclare los numerosos puntos oscuros relacionados con el manejo de la crisis desatada por la inundación.

A fines de abril de 2003, las aguas del río Salado ingresaron a la ciudad Santa Fe por un tramo no cerrado de una obra pública; la inundación dejó, según las cifras del gobierno, 23 muertos, y según las de los organismos de derechos humanos, 150. Esa deliberada falta –cuyas responsabilidades políticas se están investigando en la causa– es uno de los argumentos del pedido del actor civil; el otro tiene que con el manejo concreto de la crisis en aquellos días.

Entre otras razones, uno de los abogados del matrimonio Castro-Demiryi, Jorge Elizondo, dijo: “La investigación no va a ser completa si no se lo cita a Reutemann. Nosotros consideramos que hay una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad de todos los funcionarios, no solamente de los que tenían a su cargo el área específica sino de todos los que tenían algo que ver con el control de los resortes básicos del gobierno”.

En la presentación del actor civil se adjunta un pedido de informes de los diputados provinciales Federico Pezz y Oscar Ritter y la respuesta del Ejecutivo a ese pedido; el asunto que despertó la curiosidad de los legisladores radicales tiene que ver con las reuniones de la Junta de Defensa Civil realizadas en la provincia entre enero y abril 2003. La respuesta del gobierno de Reutemann fue tajante: no hubo tales reuniones y que no hay actas de esas reuniones. Pezz y Ritter buscaban, con su pedido de informes, determinar con qué tanta previsión o imprevisión había obrado el gobierno en los días de la inundación.

El escrito del actor civil argumenta que Reutemann no podía delegar sus propias responsabilidades en la figura de su ministro de Gobierno Carlos Carranza; sin embargo, por un decreto del 2 de mayo de 2003, el gobernador creó el Comité de Crisis, entidad responsable de la coordinación de todas las tareas relacionadas con la inundación. De esta manera, atacan a Reutemann por dos flancos: a sus responsabilidades por el nunca acabado cierre del tramo III de la Circunvalación santafesina le suman las que le caben por el manejo de la crisis derivada de aquella falta.

Claro que, en lo que tiene que ver con la obra no concluida, Reutemann no está solo: en el escrito del actor civil se renueva el pedido de citación a indagatoria del ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier, del propio Carranza y del antecesor del ex piloto de Fórmula 1, sonriente también en la recordada foto de la inauguración de la obra inconclusa: Jorge Obeid, actual gobernador de la provincia. Fue en agosto de 1997, durante la primera gestión de Obeid (1995-1999), cuando se cortaron las cintas que indicaban el cierre definitivo del tramo III de la avenida Circunvalación. Pero el tramo no estaba del todo cerrado y el Salado hizo lo suyo.

El pedido de Castro y Demiryi se apoya en ciertos tramos en un informe periodístico elaborado y difundido por el canal local Cable y Diario, llamado “La lección del Salado”. El escrito también exige que se llame otra vez a declaración testimonial al ingeniero Marcelo Berrón, uno de los primeros en explicar públicamente las causas por las cuales el agua del Salado ingresó a la ciudad, y a su par Gustavo Ferreira, que por entonces era funcionario de la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas.

Pero la lista de citaciones contemplada en el escrito del actor civil no acaba ahí: también se pide la declaración, en este caso en carácter de testimonial, del rector de la UNL, Mario Barletta, y de tres funcionarios de la universidad: Mario Schreider, Cristóbal Lozeco y Julio Theiler. Los tres son ingenieros en Recursos Hídricos; el llamado tiene que ver con el affaire entre Barletta y el gobierno, que tuvo como epicentro los estudios previos a la inundación realizados por la casa de estudios a pedido del propio gobierno, en los que se da cuenta de que los funcionarios del Ejecutivo conocían el nivel que podía llegar a alcanzar el río Salado. Barletta respondió con rapidez a las declaraciones del Lole en el Magic, el sábado 3 de mayo de 2003 cuando repitió en un sinnúmeros de veces la expresión “a mi nadie me avisó”. El rector de la Casa de Altos Estudios, refutó al día siguiente esas expresiones también en conferencia de prensa y allí detalló todos los estudios que la Facultad de Ciencias Hídricas realizó monitoreando el comportamiento del río salado.

En la solicitud de los demandantes también cayó la consultora entrerriana Incociv, dirigida por Eduardo Barbagelatta, cuyos informes técnicos forman parte del material citado por los demandantes.

Y, como si fuera poco, el pedido del actor civil exige que se sume al material de la causa toda la información posible sobre un dossier realizado por un grupo de ingenieros civiles dependientes de la Dirección Provincial de Vialidad. Se trata de Juan Pablo Acuña, Roberto Contini y Pablo Hillar; luego de que participaran de este dossier, José D’Ambrosio, responsable del organismo durante la gestión de Reutemann, decidió no renovarles sus contratos.

Tambien se pide en el escrito que se cite a testimonial, para su ampliación, al Ingeniero Pellegrino Testoni, quien fuera auditor de la Obra de Avenida de Circunvalación en los Tramos I y II.

En este sentido, Jorge Elizondo, abogado del actor civil, opinó en diálogo con “El ombligo del día” (LT10) que la situación de la causa “no ha cambiado mucho”, pero agregó que “independientemente de la demanda por indemnización que se dirigirá contra la provincia y contra todos los procesados e imputados, esta medida es absolutamente necesaria si es que queremos esclarecer la causa”. En ese sentido, el abogado insistió en que, en el manejo de la crisis de 2003, la palabra clave es “responsabilidad”. Y, junto a esa palabra, aparece siempre, y casi en forma obligada, el nombre del ex gobernador.

Jorge Castro y Milagros Demiryi representan en parte a los 150 mil inundados santafesinos. Esto se debe, entre otras cosas, a un impedimento legal concreto: en el Código Penal de Santa Fe no existe la figura de “querellante” y por ello se constituyeron como “actor civil”.

Actualmente, existe un intento de revisión del Código Penal vigente en la provincia. La comisión legislativa encargada de coordinar estos estudios está conformada por el senador Joaquín Raúl Gramajo y por el diputado Jorge Lagna. Ellos dirigirán los estudios tendientes a reformar el Código Penal santafesino, pero ese es otro tema.