CAUSA INUNDACIONES: DESIGNARON A LOS NUEVOS ABOGADOS DEL ACTOR CIVIL

El matrimonio conformado por Milagros Demiryi y Jorge Castro (afectado por las inundaciones) designó a los nuevos asesores letrados tras separar de esas funciones a las abogadas Lucrecia Faccioli y Lucila Puyol en octubre del año pasado. Se trata de los doctores Ricardo Hase (de esta ciudad) y Jorge Elizondo (de Rosario) que, según expresó Demiryi en diálogo con “El Ombligo del Día”, poseen “amplia trayectoria en Derechos Humanos”.

Además, aseveró que la primera acción de los patrocinantes fue “solicitar al juez (Jorge Patrizzi) que llame a indagatoria al ex Gobernador (Carlos Alberto) Reutemann” ya que estimó que la medida tiene estrecha relación “con lo que venimos sosteniendo a lo largo de estos años con todo el grupo que venimos luchando por el tema inundación”. Sin embargo afirmó que el juez hasta ahora no ha anunciado que se inclinará por concretar la medida.

Cabe recordar que hasta hoy, la justicia santafesina no procesó a ningún funcionario provincial o municipal en el marco de la determinación de responsabilidades por el desastre hídrico.

En el mismo sentido, Demiryi caratuló a la causa inundaciones como “emblemática con relación al tema impunidad ya que hay una máxima carencia en cuanto a responsabilidades”.

Con respecto a la posibilidad de que se realice un cambio en la estrategia a partir del nombramiento de los nuevos abogados, expresó que “los objetivos son los mismos, pero hay etapas del proceso que requieren estudiar las medidas más pertinentes”.

En el mismo sentido, ayer el juez Patrizzi tomó declaración indagatoria a los ex funcionarios municipales de la gestión anterior, Juan Carlos Caffaratti y Juan José Maspons. Queda pendiente la declaración de Alfredo Pérez, de acuerdo al primer requerimiento del Fiscal Ricardo Favaretto formulado al anterior juez de la causa Diego Andrés de la Torre.

La inundación afectó a un tercio de la población santafesina en abril del año 2003 cuando el agua del río Salado ingresó por una brecha abierta por una obra inconclusa en el oeste de la ciudad, a la altura del Hipódromo.

La catástrofe afectó directamente a 130 mil personas, sólo en la ciudad capital y dejó como saldo 23 muertos directos -oficializados por el Estado-, además de cientos de fallecidos por efectos colaterales relacionados estrechamente con la inundación.

El expediente se abrió el 5 de mayo de 2003, tras la denuncia presentada por el Sindicato de Amas de Casa de la ciudad de Santa Fe. Desde entonces la Justicia santafesina se encargó de tomar declaraciones testimoniales e indagatorias a ex funcionarios provinciales y municipales, muchos de ellos aún en la función pública.