CAUSA PENAL CONTRA UNA MUJER QUE SE HIZO UN ABORTO
Una mujer de 27 años que ingresó con una infección por aborto incompleto al hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo fue denunciada en la policía y la Justicia, y enfrenta una causa penal ante el juez Eduardo Filocco. La joven –cuya identidad se reserva para evitar su mayor exposición- enfrentó la situación en absoluta soledad.
En primera instancia, concurrió al centro de salud de su barrio para atenderse por la hemorragia, pero la gravedad del cuadro decidió a los operadores a derivarla al centro asistencial, donde estuvo internada del jueves 10 al sábado 12 de febrero. Fue allí donde dieron aviso a la policía, el viernes 11. Los efectivos le tomaron declaración cuando aún estaba internada.
La mujer explicó entonces que tiene tres niños pequeños a los que no puede darles de comer. “Para qué iba a tener otro”, afirmó. La discusión sobre la despenalización del aborto toma carnadura en este caso. Además de ser muy pobre y haber sufrido una situación desesperada, ahora la joven mujer se enfrenta a la condena social de una comunidad pequeña, del Estado que la penaliza y está sumida en una profunda depresión.
La diputada provincial Lucrecia Aranda (Partido Socialista) tomó cartas en el asunto. “Me conmovió absolutamente. Pensé en esa mujer que estaba atravesando un momento traumático absolutamente sola, y fue interrogada mientras se reponía, sin un abogado. En cambio, los grandes delincuentes de este país planifican sus estrategias con sus abogados, y allí deciden si declaran o se abstienen”, afirmó la legisladora, quien intentará –junto a un grupo de mujeres de San Lorenzo- que la joven acepte un asesoramiento legal. “Habría que ver si se le cumplieron las garantías constituciones a esta mujer joven, sola y desprotegida, si se le dieron todas las garantías que tanto se cuidan con los grandes delincuentes”, agregó la legisladora.
En San Lorenzo la situación se difundió por los medios de comunicación, que demonizaron a la joven, pero pese a su proximidad con Rosario, la despenalización del aborto no está en debate. “Es un tema del que no se habla por aquí, no estamos acostumbrados a poner sobre la mesa y debatir este tema”, le dijo a Aranda una de las mujeres que está intentando ayudar a la joven denunciada.
“Me conmovió porque es el ejemplo paradigmático de cómo el Estado no atiende a esta chica joven, con tres hijos, algunos con problemas de desnutrición, con una situación de pobreza, cuya familia vive de un plan jefes y jefas, que está en una situación de gran vulnerabilidad social y ahora la condena por lo mismo que el Estado provoca”, indicó la legisladora.
La joven concurrió al centro de salud de su barrio sin avisarle a la madre de su malestar. Sólo le dijo que iba a buscar un turno. Cuando la atendieron en el dispensario, decidieron su traslado. En el hospital Granaderos a Caballos la atendieron como es de rutina, pero luego hicieron la denuncia. El centro asistencial es dirigido por Eduardo Rigó, cuya resistencia a los programas de salud reproductiva es bien conocida en la zona.
Una vez que recibió la denuncia, Filocco tomó una medida también controvertida. Decidió la sepultura del feto de entre tres y cuatro meses, aunque ese acto cargado de gran carga simbólica hasta ahora no se concretó porque no fue entregado por el Instituto Médico Legal de Rosario. Para Aranda, este hecho es “muy grave. Esa sepultura tiene un gran contenido simbólico. Es una medida con toda la intencionalidad, el contenido y la carga ideológica de un juez que ha decidido todo cuando toma esta medida”.
La joven fue denunciada por transgredir el artículo 88 del Código Penal, que establece: “Será reprimida con prisión de uno a cuatro años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”.
Para la legisladora provincial “esta situación da cuenta de la carga enorme y terrible que pesa sobre las mujeres cuando llegan a la desesperada situación de hacerse un aborto. Esta joven no pudo hablar con nadie, ni siquiera con su propia madre. Nadie sabe nada pero ya todo el mundo la ha culpabilizado y señalado con el dedo, ella parece estar abrumada por la vergüenza y por eso ni siquiera acepta el asesoramiento legal”.
Aranda reflexionó: “Cuánta opresión, culpa, vergüenza y oprobio debe sentir. Qué humillada debe sentirse. Si no reaccionamos y no damos un tratamiento adecuado vamos a tener otro caso Romina Tejerina (la joven jujeña que está encarcelada desde hace dos años por matar a su hija, producto de una violación)”.
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