CAUSA PENAL CONTRA VIALIDAD NACIONAL POR UN CHOQUE FATAL

Un bache de la avenida Circunvalación fue trampa mortal para dos jóvenes en abril de 2002.

La fiscal María Eugenia Iribarren pidió la indagatoria de un funcionario de la Dirección de Vialidad nacional por un accidente que ocurrió en abril de 2002 en la avenida de la Circunvalación, en el que murieron dos jóvenes al chocar su auto contra una columna de alumbrado público. Se trata de una novedosa postura jurídica que plantea la extensión de la responsabilidad penal a los funcionarios encargados de mantener las rutas. Ahora la jueza Correccional Graciela Sedda, que en su momento se opuso a la ampliación de las imputaciones, debe decidir si hace lugar al requerimiento de la Fiscalía.

Desde que ocurrió la colisión en la que fallecieron Oscar Marcelo Rey, de 27 años y oriundo de la ciudad de San Pedro, y Ariel Colombo, de 33, pasaron más de cuatro años. Es que el expediente tuvo muchas idas y vueltas. En primer lugar, la jueza Sedda ordenó el archivo porque el Ford Taunus era conducido por Rey, que a las pocas horas murió en el Heca. De sobrevivir, hubiera sido imputado pero el deceso extinguió la acción penal.

El padre de Colombo pidió que se extendiera la responsabilidad por el accidente a los encargados del mantenimiento y la seguridad del tránsito, ya que el derrape se produjo precisamente por el mal estado de la calzada. Era un día lluvioso y por la gran cantidad de agua que se acumuló en un bache, Rey perdió el control del vehículo. Sólo dos de los cuatro ocupantes del Ford Taunus, quienes viajaban en la parte trasera, pudieron salvar su vida.

REGRESO DEL ARCHIVO

Como el archivo es revocable si se presentan nuevos elementos, la fiscal Iribarren se hizo eco del planteo de Walter Colombo, padre de la víctima. Lo agregó al expediente y pidió su reapertura con la premisa de que la causa de las muertes fue el deterioro de la avenida.

La jueza Sedda no estuvo de acuerdo porque “el derecho represivo es un sistema riguroso y cerrado, (…) en todo caso este reclamo se rige por el derecho (civil) de daños” y porque “llevar la autoría delictiva a límites incalculables constituiría una verdadera caza de brujas”, según dijo en una resolución de 2002 que abrió la polémica.

Por la apelación del Ministerio Público, las actuaciones terminaron en la sala IV de la Cámara, que antes de pronunciarse sobre la ampliación de imputaciones apuntó que debía intervenir un juez federal porque la avenida de Circunvalación es de jurisdicción nacional. Como en los tribunales federales rechazaron la competencia, el sumario llegó hasta la Corte Suprema de la Nación para que saldara el conflicto. El máximo órgano de la Justicia del país definió que debían continuar al frente de la pesquisa Iribarren y Sedda.

Fuentes judiciales revelaron que tras ese fallo, cuando el sumario volvió al fuero provincial se realizaron varias pericias. Con todo ese material finalmente la fiscal elevó hace pocos días un pedido de indagatoria para el funcionario de Vialidad Nacional que en abril de 2002 estaba a cargo del mantenimiento de la avenida. Según explicaron a este diario fuentes tribunalicias, se trata de una medida inédita en la Justicia local.